La Constitución no es un relajo

La Constitución de la República es la más solemne y sagrada carta de compromiso que tienen los dominicanos para asegurarse de que, en el presente y en el futuro, este sea un país de vida democrática, de instituciones fuertes, de amplios derechos ciudadanos y, sobre todo, rector de su propia soberanía.

No es un poema, ni una carta de ideales y utopías. Es una armadura jurídica y política que delimita el alcance de los poderes públicos, que organiza la coexistencia de los ciudadanos bajo un régimen de leyes y normas y que garantiza las libertades fundamentales del hombre.

Pero aun siendo la suprema carta de identidad del Estado y del país, su verdadera calidad de escudo de los poderes públicos, independientes entre sí, y de los derechos y valores que se consagraron en el nacimiento de la nación, en 1844, depende todavía del nivel de conciencia y de cumplimiento de los ciudadanos, para que no sea una simple letra muerta.

Ella, la Constitución, está a merced de los caprichos y los intereses políticos que se expresan en el Congreso, aun cuando hubiese sido precedida de una consulta nacional, como aconteció con la del 2010.

Y han sido estos intereses, precisamente, los que la han vapuleado de tiempo en tiempo, promoviendo reformas que el pueblo no ha pedido o han sido sometidas a su elección mediante un referéndum, como ocurre en los países que la asumen como una carta magna suprema, digna del mayor respeto.

La Constitución Dominicana ha sufrido cerca de 40 reformas desde la creación de la República, en unos casos para dar más poderes a un Presidente o a un órgano del Estado, como el Congreso, o para complacer las ambiciones de un mandatario, modificando los períodos de su mandato.

Ese solo maniqueísmo es una prueba del relajo al que ha sido sometida la Constitución de tiempo en tiempo, con los consiguientes daños a la institucionalidad democrática, a la fortaleza de las instituciones que forman el trípode del Estado y a la esperanza de quienes respetan y hacen honor a sus mandamientos.

La Constitución debería ser blindada para que no le metan reformas caprichosas cuando se les antoje a los constituyentes políticos. Que rija un mandato de no reformarla en veinte años, salvo que la Patria enfrente un crucial desafío en la construcción de sus destinos, pero que se haga previo referéndum.