Rehenes de la criminalidad
Esta sociedad, a la franca, ha sido arropada por la criminalidad, la violencia y el miedo. Y sus ciudadanos han pasado a ser impotentes rehenes de este envilecedor estado de cosas.
El atentado a tiros contra el glorioso beisbolista de Grandes Ligas, David Ortiz, no ha hecho más que dimensionar el nivel de la pesadilla en que vivimos todos, aguardando sin muchas esperanzas que algún día el Gobierno se decida por aplicar una política contra la criminalidad.
Hasta ahora, esa política se ha quedado en enunciados o en aisladas acciones para atacar el problema desde sus distintas fuentes. La recurrencia del delito, acompañada a su vez de la reincidencia de quienes los cometen tan pronto cumplen condenas o salen de las cárceles al amparo de libertades condicionadas, es la mejor evidencia de lo ineficaces que han sido esas acciones.
Hay un profundo déficit de investigación y de prevención sobre esos factores que disparan la delincuencia, factores que se conocen, pero sobre los cuales no actuamos con la determinación y la sistematicidad que demanda el progresivo deterioro de la seguridad ciudadana.
Tiene que pasar, lamentablemente, un episodio tan impactante como indignante como el atentado contra la vida de David Ortiz o contra los custodias de los suegros del Presidente de la República, para que la autoridad se mueva con presteza en la dilucidación del crimen y en su castigo, por vía de las leyes.
La impresión que se tiene es que, como vivimos bajo un clima generalizado de miedo y espanto, la autoridad ha sido desbordada y paralizada por la infinidad de hechos delictivos, ya que parte de sus miembros son, a la vez, los criminales que actúan a sus anchas e impunemente atracando y matando gente sin compasión.
Por eso existe y opera rentablemente el sicariato. Un negocio lucrativo que consiste en pagar para matar o robar, en descarado irrespeto por la vida.
Como la vida no vale nada, poco hacen las autoridades para que la ciudadanía pueda sentirse algo confiada de que el Estado la protege, y de que la justicia pueda mantener a raya, con sentencias disuasorias, a los provocadores de la violencia y a los agentes de la criminalidad que se han adueñado de este país.
Mientras no se pongan en marcha todas las medidas contempladas en el plan de seguridad ciudadana que duerme el sueño de los justos desde el 2013, a los ciudadanos dominicanos solo les queda como recurso orar a Dios y encomendarse a su divina protección. No quedan más alternativas.