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Editorial miércoles, 14 de noviembre de 2018

Una frontera haitianizada

Los haitianos ilegales se han hecho dueños de los espacios territoriales dominicanos más próximos a la desaparecida línea divisoria, asumiendo un derecho de asentamiento y de propiedad que constituye el más burdo desafío a la soberanía nacional, pobremente defendida por nuestros gobiernos.

Nuestras tierras y los recursos que están en ellas han quedado virtualmente enajenados por culpa de una política migratoria timorata que los gobiernos han aplicado sin los rigores que manda la ley, lo que en la práctica equivale a una claudicación en su deber de proteger la soberanía y el territorio de cualquier acto o amenaza que pueda dañarla.

Esa porción  dominicana subsumida por la ocupación de miles de haitianos que penetraron ilegalmente en todas las zonas adyacentes a la línea fronteriza constituye un impune acto de ocupación que, aunque se ha hecho de modo pacífico y hasta inexplicablemente tolerado, no deja de implicar una grave fragmentación del territorio nacional.

No solo se han derribado las señales físicas que delimitan los territorios de los dos países, sino que el empuje migratorio ha espantado y hecho retroceder a los dominicanos que antes vivían en esas tierras, dejándolas a merced del dominio de los haitianos, una realidad que constantemente denuncian legisladores y autoridades municipales dominicanas.

El senador oficialista por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, ha indicado las zonas que ya han caído bajo el dominio de la ocupación haitiana y dentro de las cuales a menudo se perpetran incidentes violentos, como asaltos y secuestros, asesinatos de ciudadanos y actos de revancha cuando las autoridades dominicanas hacen algo que les molesta.

Fuente permanente de choques, discusiones y rebatiñas, la zona fronteriza ha devenido en lo que muchos llaman “tierra de nadie”, aunque de hecho es de los haitianos ilegales, en la que ni siquiera el Estado garantiza el tránsito seguro y sin peligro de los propios ciudadanos dominicanos, mucho menos su legítimo e inviolable derecho de vivir decente y tranquilamente en su propio lar nativo.