¡Borren esas multas!

Para evitar que los usuarios tengan que someterse a un engorroso, injusto y exasperante proceso en reclamo de la anulación de las “multas fantasmas” aplicadas por supuestas infracciones de las leyes del tránsito, lo que procede es el borrón y cuentas nuevas de ese capítulo.

Ahora que la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Procuraduría General de la República anuncian que están embarcadas en la revisión de miles de “multas fantasmas”, es más práctico y aconsejable declarar la anulación automática de las mismas, antes que perder tiempo para llegar a la conclusión de que, en efecto, fueron caprichosas y sustentadas en falsas infracciones.

Lo único que se ganaría con la revisión una a una de las multas es descubrir quiénes fueron los agentes que las impusieron y en base a cuáles pruebas, ya que eso ayudaría a determinar si hubo mala fe o impericia en el trabajo y a corregir tales fallas.

Someter a los ciudadanos perjudicados a un cara a cara con el juez o con los encargados de levantar las actas en DIGESETT, para establecer si una multa es o no fantasma, no servirá para nada si ya se sabe que estamos frente a un problema de bulto, cuestionado, puesto en entredicho.

Lo que procede es, repetimos, declarar administrativamente una amnistía.

No cobrar esas multas fantasmas y otras que, por estar bajo sospecha de legitimidad han pasado a formar parte del expediente de un acusado de infracción, es más expedito y resuelve de cuajo un problema por el que cada día acuden centenares de personas a la DIGESETT a protestar por la magnitud de las mismas.

Una vez declarada la amnistía, es deber de la DIGESETT tomar todas las previsiones de lugar para que sus agentes no vuelvan a incurrir en esos deslices, vale decir, en un procedimiento ilegal, injusto, como es el de la fabricación de multas sin ninguna causa real.