No es lo mismo lidiar con el toro desde las gradas
El presidente Danilo Medina acaba de observar la ley que declara a Loma Miranda parque nacional, exponiendo atendibles razones de orden constitucional que justifican una decisión de esa envergadura. Con toda franqueza, el Presidente se ha ocupado de señalarle al Congreso los distintos artículos de la Carta Magna que han sido pasados por alto al aprobar esa ley, que la considera extemporánea, así como las prescripciones vigentes que lo obligan a proteger no sólo los contratos que amparan las inversiones extranjeras, incluyendo las del campo minero, sino el derecho a la propiedad privada. Por igual, el Presidente deja saber que todo proceso de expropiación de propiedades es facultativo del Poder Ejecutivo y del Judicial y que, en el presente caso, no hay evidencias respecto a las fuentes seguras para lograr los recursos que se necesitarían para indemnizar a los propietarios, entre ellos la Falcondo Dominicana, que algunos calculan en más de 4 mil millones de dólares. El Presidente ha dado seguridades de que, bajo su gobierno, sólo se permitirá la explotación de recursos naturales, entre ellos los mineros, siempre y cuando haya garantías de protección ambiental, o bien, de un desarrollo minero ambientalmente sustentable. Como el presidente Medina ha tomado esta decisión en medio de un panorama dilemático entre sectores que están a favor y en contra de la conversión de Loma Miranda en parque nacional, hay que decir que lo ha hecho de forma responsable y valiente, sopesando los factores que podrían representar más perjuicios para la nación y especialmente para su gobierno, en el corto y mediano plazo. El que está lidiando con el toro de las realidades dominicanas, solo y en pleno ruedo, es el presidente Medina, quien reconoce que esta observación a la ley no le caerá bien a amplios sectores nacionales, pero que aun así se declara no adherido “ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje”. Liberándose, de ese modo, de una camisa de fuerza que le ha impuesto el Congreso, el Presidente está en su pleno derecho de invocar el principio de la razonabilidad, ajeno a toda decisión caprichosa, emocional, torpe o arbitraria que pretenda comprometer las bases del Estado de derecho y la propia capacidad de maniobra del Gobierno para enfrentar las necesidades nacionales con los recursos disponibles del presupuesto. No es lo mismo lidiar con el toro desde las gradas que luchar con él en el ruedo. Y el Presidente está demostrando, con esta y otras actuaciones, que empuña fuerte las banderillas y sabe cuándo, cómo y dónde clavarlas, jugándose el todo por el todo, inclusive, su misma alta popularidad nacional.