La herramienta que faltaba

Ya el país cuenta con la herramienta legal que le faltaba para completar el marco de medidas que regulan la concesión de residencia y nacionalidad a los extranjeros y sus hijos cuando se radican en República Dominicana. La ley de naturalización y el régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil del país, aprobados por las cámaras legislativas en tiempo récord, mereció amplio apoyo de todos los sectores representativos, lo que indica su claro sello de consenso. El contexto en que estas normas legales se diseñan y se aprueban en el Congreso era de presiones, aprehensiones y controversias generadas a raíz de la emisión de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que ratificó el fundamento para la identidad dominicana señalando quién es dominicano o cómo se adquiere la ciudadanía, en el caso de los extranjeros. Varios países formaron un cerco para asfixiar este ejercicio de potestad y de soberanía del Estado dominicano y ejercieron innumerables e intensas presiones sobre el Gobierno y otros sectores para que se desconociera o se morigerara la sentencia, bajo las advertencias de que podría el país ser aislado internacionalmente. El presidente Danilo Medina se empleó con inteligencia y prudencia en la búsqueda de un consenso para diseñar la ley que finalmente ha aprobado el Congreso y, antes, para modelar el plan de regularización de extranjeros ilegales, dando cumplimiento así al mandato del TC, capeando de ese modo las mentiras, presiones y amenazas que pretendían satanizar la sentencia, y dándole al país un valioso instrumento que servirá para poner orden en un aspecto tan delicado como éste. La experiencia demostró, fehacientemente, el abigarrado apoyo que la mayoría de los dominicanos le concedió a la decisión del Tribunal Constitucional, apoyo que no tardó en reflejarse en el decisivo consenso con que fue recibido el proyecto presidencial y el nivel de unanimidad con que el Congreso lo endosó y lo hizo ley. Es una respuesta conjunta al problema creado por las demandas de reconocimiento de hijos de haitianos nacidos aquí, que se asentaron de manera ilegal.