NICARAGUA MINERÍA
EE. UU. no ha hecho cumplir las sanciones a la minera estatal de Nicaragua, según una ONG
El informe revela que el gobierno estadounidense todavía no ha hecho cumplir estas medidas, lo que permite que el sector del oro expanda masivamente.
Bandera de Estados Unidos
Las sanciones que Estados Unidos impuso en junio de 2022 a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), a cargo de la exploración y explotación de recursos mineros en Nicaragua, no están siendo aplicadas por el país norteamericano, según un informe divulgado este jueves por el Oakland Institute.
"El informe revela que el gobierno estadounidense todavía no ha hecho cumplir estas medidas, lo que permite que el sector del oro expanda masivamente y continúe a proveer ingresos importantes al régimen Ortega-Murillo y a los accionistas de las empresas involucradas", señaló Oakland Institute en el informe titulado "La fiebre del oro en Nicaragua" y enviado a los medios.
El informe del centro de pensamiento de asuntos ambientales Oakland Institute indica que numerosas empresas mineras en Nicaragua que están en el ámbito de las sanciones continúan operando impunemente y adquiriendo nuevas concesiones mineras auríferas en medio de un aumento en la violencia contra las comunidades indígenas.
En junio de 2022, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Eniminas para reducir los ingresos del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por exportación de oro, en represalia por su acercamiento a Rusia y el encarcelamiento de líderes opositores.
EE. UU. compra el 79 % del oro de Nicaragua
En su informe, Oakland Institute expuso que, a pesar de esas sanciones, la industria del sector minero, dirigida por empresas extranjeras, ha aumentado radicalmente, y que EE. UU. sigue siendo el destino principal del producto e importa un "asombroso" 79 % de todo el oro exportado de Nicaragua.
"El costo devastador de esta expansión se pagan las comunidades indígenas y afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, que se enfrentan a la violencia incesante, masacres, secuestros y la colonización de sus tierras”, afirmó la directora ejecutiva del Oakland Institute y coautora del informe, Anuradha Mittal.
El beneficiario principal de la "fiebre del oro" es la canadiense Calibre Mining Corp., cuyas 57 concesiones mineras abarcan más de 1,1 millones de hectáreas – el 9 % de la superficie terrestre de Nicaragua, según el estudio.
De esas 57 concesiones mineras, 11 fueron otorgadas después de que el Departamento del Tesoro anunciara las sanciones, y otras se superponen con los territorios indígenas y afrodescendientes reconocidos por el Estado, que sería una violación de las leyes nicaragüense y de las normas internacionales, anotó.
"Por ser una empresa canadiense que opera en Nicaragua y que también es dueño de concesiones mineras en EE. UU. por sus filiales de propiedad total, Calibre es una candidata clara para las sanciones impuestas por la orden ejecutiva de (Joe) Biden", consideró Oakland Institute en el estudio.
El informe también identifica otras empresas transnacionales que controlan "inmensas" concesiones mineras en Nicaragua, entre ellas la canadiense Mako Mining Corp., la china Zhong Fu Development, la colombiana Grupo Mineros y las británicas Condor Gold y Royal Road Minerals.
Los financieros principales de esas empresas extranjeras incluyen las empresas de inversión estadounidenses BlackRock Inc., Van Eck Associates Corp. e Invesco Ltd., y las empresas mineras canadienses B2GoldCorp y Agnico Eagle Mines Ltd, agregó.
¿EEUU no defiende los DDHH?
"El gobierno de Biden habla mucho de usar las sanciones selectivas para pedir cuentas a los violadores de los derechos humanos, pero el Departamento del Tesoro deja que los peores se salgan con la suya”, dijo, por su lado, el investigador del Oakland Institute y coautor del informe, Josh Mayer.
“La aplicación de las sanciones tiene que ir más allá de las entidades nicaragüenses para tener alguna oportunidad de poner fin a la colonización violenta de los territorios indígenas y afrodescendientes”, continuó Mayer.
Para Mittal, por la falta de aplicación de esas sanciones, el gobierno de Biden está sosteniendo a las empresas mineras estadounidenses e internacionales con inversores estadounidenses que sacan provecho del sector del oro nicaragüense.
"Descuidar pedir cuentas a estos intereses financieros no solo permite que escale la violencia contra las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino también es otra prueba de la falta de credibilidad del compromiso del presidente Biden para defender los derechos humanos”, concluyó Mittal