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Abogados ambientalistas piden a la Procuraduría de Medio Ambiente concluir investigación barcazas en río Ozama

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Santo Domingo, RDSanto Domingo

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) depositó una instancia ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente en la que solicita la conclusión de las investigaciones sobre la denuncia de violación de la Ley 64-00 que implican las operaciones de las dos barcazas de generación eléctrica en el río Ozama.

“Estamos a la espera de que se agilicen esas investigaciones y se rindan los informes correspondientes a toda la sociedad dominicana que, obviamente, confirmarán lo que es muy visible y evidente: el alto impacto contaminante de estas plantas” propiedad de Seaboard Transcontinental.

“Nosotros entendemos que el país necesita fuentes de generación eléctrica. No estamos diciendo que las plantas sean buenas o malas, es que la ubicación no procede ni técnica, ni legal ni ambientalmente. El problema es que están en el río Ozama contaminando y provocando daños en la salud de la gente. Y en mayor proporción una de ellas, que es de altísima contaminación porque el enfriamiento de sus calderas es con el agua del Ozama, lo que distorsiona la temperatura del agua y afecta obviamente todo ese sistema costero-marino. Pero además esas chimeneas, no hay manera, por mínimas que sean, que esa polución no vaya directo a las casas, a los hogares, empresas, a los hoteles, a los turistas de la Zona Colonial y los barrios aledaños afectando la salud de las personas”, sostuvo Euren Cuevas, director ejecutivo del Insaproma.

Mediante la acción depositada, requieren al procurador general especializado para la protección del medio ambiente y Recursos Naturales, Francisco Contreras, culminar a la mayor brevedad el proceso investigativo, ya que es una obligación de las autoridades nacionales resolver este tema que definieron como una aberración ambiental y que tanta contaminación genera en la zona.

Recordó que en el año 2017 el entonces ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, negó la renovación de licencia a Seaboard y otorgó un plazo para remover la única barcaza que tenía, la Estrella de Mar II.

Precisó que esa planta se instaló en el río Ozama cuando el huracán George, en 1998, a raíz de la crisis eléctrica que tuvo el país, de manera provisional y previo a la existencia de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, por lo que a su juicio si hubiese existido esa ley es imposible que se hubiera instalado la planta porque ambientalmente no es sostenible.