Cámara de Cuentas suspende temporalmente contrato con abogados que defienden a las autoridades salientes
Los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) suspendieron provisionalmente el contrato con la firma de abogados Inteligencia Legal, S.R.L., efectuado por las pasadas autoridades.
La Resolución ADM-2021-007, emanada de la sesión ordinaria celebrada por el pleno el 3 de agosto, establece que la CCRD desiste de todas las acciones e instancias legales depositadas ante la jurisdicción penal, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional (TC) como consecuencia de la Decisión DEC-X-2021-001 dictada por los pasados miembros.
El organismo solicita, asimismo, al TC que desista de la instancia contentiva del conflicto de competencia depositada el 6 de abril por los abogados Eduardo Jorge Prats, Julio Cury (gerente general de la firma) y Francisco Franco Soto mediante la que solicitan se declaren nulas todas las acciones iniciadas por el Ministerio Público (MP).
Antecedentes
En febrero la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) inició un proceso de investigación en contra de los salientes miembros del pleno de la CCRD, funcionarios y empleados.
El 25 de marzo, en una sesión extraordinaria el pasado presidente de la Cámara, Hugo Francisco Álvarez, y los miembros Félix Álvarez Rivera y Carlos Noés Tejeda, aprobaron la contratación de los servicios legales de la firma de abogados Inteligencia Legal, S.R.L., representada por Jennifer Rodríguez y Francisco Franco Soto para que lleve a cabo la defensa en el proceso.
En el contrato se pactó el pago de RD$4.5 millones a la firma de abogados y RD$1.5 millones a Francisco Soto. La Cámara asumía además el pago del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
De acuerdo a la resolución, si la CCRD decide terminar el contrato deberá indemnizar moralmente a los abogados con el pago del doble de la suma convenida, lo que serían RD$12 millones más el duplo del ITBIS.
Indica además que los miembros de la CCRD no advierten la existencia de texto legal que justifique en la legalidad de esa decisión.
Los actuales miembros del Pleno de esta Cámara de Cuentas entienden urgente y necesario para velar por la protección provisional de los interesas implicados en este procedimiento, el control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos que se han llevado a cabo y del propio patrimonio del Estado, por tanto, suspenden los efectos de las contrataciones, actuaciones administrativas y judiciales realizadas como consecuencias d e la referida decisión, indica uno de los considerando de la resolución.