La Unión Europea apresta enorme paquete de proyectos para reducir drásticamente las emisiones
La Comisión Europea apresta para el miércoles el lanzamiento de un amplio paquete de proyectos de legislación ambiental diseñado para administrar una transición más rápida hacia una economía baja en carbono.
Se trata de una docena de proyectos de ley --ya bajo ataque de intereses políticos, grupos de presión de la industria y ambientalistas-- que buscarán asegurar que para 2030 las emisiones de carbono se reduzcan en un 55% con respecto a los niveles de 1990.
Detrás de los lemas "Green Deal" y "Fit for 55" hay promesas llamativas, como la decisión esperada de prohibir las ventas de nuevos automóviles con motor de combustión a partir de 2035.
Pero quizá aún más importante es que la Comisión buscará reformar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE), un mercado de carbono en el que la industria negocia sus cuotas de contaminación.
Los ambientalistas se quejan que las leyes no van lo suficientemente lejos, al tiempo que la industria y algunos estados miembros de la UE más dependientes de la energía de carbón rechazan el esfuerzo.
El sistema de límites y comercio del RCDE cubre la generación de energía, las plantas siderúrgicas, el cemento, los productos químicos y la aviación comercial, que juntos representan alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa.
El paquete del miércoles ampliaría esto con un mercado paralelo para el transporte marítimo, el transporte por carretera y la construcción.
Impuesto al carbono
El plan de la Comisión también se extendería a un llamado "impuesto al carbono" en las fronteras exteriores del bloque, para disuadir a las empresas que planean relocalizar plantas contaminantes en jurisdicciones menos estrictas.
El impuesto haría que los precios se ajustaran en la frontera debido a que los exportadores tendrán la obligación de comprar permisos basados en el precio del carbono en la UE, una medida que deberá provocar furia entre los principales socios comerciales de la UE.
Para compensar esto, se eliminarían gradualmente las cuotas que actualmente se distribuyen libremente a los productores con sede en la UE para ayudarlos a competir con importaciones más baratas y menos reguladas.
La Comisión también busca tomar más medidas a nivel europeo para controlar la reducción de emisiones en sectores excluidos del mercado del carbono, como la agricultura y la gestión de residuos.
No obstante, los Estados miembros de la UE están en desacuerdo sobre cómo compartir el costo de las medidas, y los grupos de presión industriales en Bruselas prometen una lucha feroz contra algunas de los mecanismos que están siendo negociados.
Las aerolíneas, por ejemplo, se quejan de que una medida para gravar el combustible de aviación para vuelos intraeuropeos distorsionaría el mercado con relación al resto del mundo.
A su vez, Estados de la UE que dependen del carbón prometen resistir a objetivos más estrictos de reducción de emisiones, y los ambientalistas no están convencidos del alcance de los planes para promover 'sumideros de carbono' naturales como los bosques.
Entre las oenegés, el grupo ambientalista Greenpeace teme que estas soluciones no probadas se utilicen para camuflar la falta de ambición en la reducción de emisiones, y por ello critican el plan por adelantado.
"Este paquete de medidas de la comisión es un espectáculo de fuegos artificiales en un basurero", dijo el director de Greenpeace para Europa, Jorgo Riss.