Consenso, el gran desafío para lograr pactos eléctrico y fiscal
El último intento para concertar la firma del pacto eléctrico se realizó a finales del 2018 y los primeros meses del 2019.
El presidente de la República, Luis Abinader, anunció el pasado jueves la intención del Gobierno de asumir las firmas del pacto eléctrico en los próximos seis meses y el pacto fiscal en un proceso que deberá concluir en 2022, pero el gran reto en ambos casos será lograr el consenso entre sectores.
El último intento para concertar la firma del pacto eléctrico se realizó a finales de 2018 y los primeros meses de 2019, y aunque el Consejo Económico y Social había anunciado que había más consensos que disensos, lo cierto es que el sector social, los industriales de Herrera y partidos políticos, como Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora en el poder, se negaron a su firma.
El PRM, en ese momento, condicionó su firma a que se cumplieran los siguientes puntos: Que se derogue cualquier decreto o disposición que viole la Ley de Electricidad, que se restructure el compromiso de eliminar, en 18 meses, el problema de los apagones, la realización de auditorías a las distribuidoras y aplicar un programa de reducción de gastos en estas.
Asimismo, el PRM exigía el establecimiento de un programa de licitaciones para la contratación de energía, con total transparencia, que se eliminen los contratos grado a grado, se aplique un sistema de tarifa social transparente acorde con la población de más bajos recursos, y que no se produzcan alzas en la tarifa hasta que las distribuidoras reduzcan gastos operativos al 10% de sus ingresos.
Los industriales pertenecientes a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) expusieron como razón, para no firmar el pacto, en diciembre del 2017, que este no resolvería el problema energético dominicano y denunciaba que no se acomodaba a los intereses de algunos sectores, dejando problemas fundamentales sin resolver.
Iniciadas sus discusiones, en enero de 2015, con un plazo de seis meses para ser firmado, el pacto eléctrico duró tres años en debate y luego de la búsqueda infructuosa del compromiso de los partidos políticos, su firma fue suspendida definitivamente en febrero de 2019.
Nuevas expectativas Ante el anuncio del presidente Luis Abinader de que se convocará al Consejo Económico y Social para que en un plazo de seis meses, a partir del 26 de octubre, se logre un consenso para firmar el pacto eléctrico y se trabaje para que el fiscal esté listo para la elaboración del presupuesto de 2022, muchos sectores han renovado sus esperanzas de que se cumpla con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Organizaciones empresariales, industriales, comerciales, generadores, economistas y otros sectores productivos han visto con beneplácito la disposición del mandatario y han reiterado su disposición de diálogo y concertación.
El presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Roberto Herrera, cree que se debe retomar el documento con los consensos acordados en el proceso pasado, para reiniciar la discusión de los puntos que aún necesitan de consenso.
Agregó que por el tiempo que ha pasado hay temas que ya no son relevantes porque se han ido implementando, y que esperan conocer la posición del partido de Gobierno, ahora que están en el poder. Dijo que están dispuestos a acudir al diálogo cuando el CES los convoque.
El vicepresidente ejecutivo del CONEP, Cesar Dargam, sostuvo que las bases de retomar el pacto eléctrico están en el documento de consensos y afirmó que con la voluntad política requerida se puede alcanzar su firma a corto plazo.
El economista y vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz, dijo que en lo que resta para lograr la firma del pacto eléctrico y el pacto fiscal van a necesitar un esfuerzo extraordinario de los coordinadores, ya que ambos pactos son complejos.
Sobre el pacto fiscal La Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, impuso la realización de tres pactos: educativo, eléctrico y fiscal. De estos, solo se logró el educativo. Todos debieron firmarse entre los años 2012 y 2015.
Los desafíos del pacto fiscal, por los altos intereses involucrados, requieren de mucha voluntad política y de la disposición de consenso para que se defina el país que quieren los dominicanos, así lo han externado distintos sectores de la sociedad.
Los empresarios e industriales han manifestado su disposición de participar en diálogos que contribuyan a mejorar la calidad del gasto y la eficienciación de los ingresos para el desarrollo del país, haciendo un llamado a la unidad nacional para generar confianza y esperanza, para superar la grave crisis económica creada por el Covid-19.
El sector comercial ha señalado la necesidad de que se realice el pacto fiscal y señalaron que esperan que sea un pacto donde se amplíen las bases tanto del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBIS) como de los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
“El pacto fiscal es muy complejo”, expone el economista Antonio Ciriaco Cruz, ya que choca con muchos grupos de intereses sobre todo en temas como el gasto tributario, qué tipo de impuesto son sujetos de aumento o disminución de tasas, como se van a repartir las cargas fiscales.
Refirió que las autoridades gubernamentales deben jugar un papel determinante para establecer los consensos, los que dijo no será posible alcanzar grandes acuerdos sino consensos mínimos en función del bien común.
Dijo que lo más importante con el pacto fiscal es lograr un sistema tributario que sea menos regresivo que el actual, donde las cargas se repartan mejor, que los que más tienen sean los que más impuestos paguen y definiendo una política de protección a los sectores más vulnerables.