Está casi listo proyecto de regulación del Estado

El Estado dominicano, en su aparato institucional, tanto centralizado como descentralizado, carece de una escala de condiciones salariales y de otros beneficios laborales que permita mantener la uniformidad de los niveles de ingresos de acuerdo con las habilidades y funciones a desarrollar. Por eso es frecuente ver que en los ministerios de Estado existen posiciones similares donde en uno el funcionario puede tener un salario de RD$50,000 mensuales, mientras en otra su sueldo puede superar los RD$200,000. Diferencias que no sólo se tornan irritantes para algunos, sino que además demuestra la falta de controles y de criterios institucionales de funcionarios públicos. Expertos consultados opinan que el servicio público sería mucho más efectivo y hasta permitiría ahorrar recursos si las posiciones sumilares en las instituciones del Estado tuvieran los mismos niveles salariales. Por ejemplo, en materia de relaciones públicas, hay ministerios que tienen departamentos con director de Comunicaciones, gerente de Relaciones Públicas, encargado de Prensa y otros puestos ejecutivos. En tanto que otros ministerios tienen sólo un encargado de Prensa y Relaciones Públicas. En unos casos los salarios pueden ser exhorbitantes y en otros, puede que estén muy por debajo de la función que se desarrolla. IniciativaEl Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que a más tardar en agosto de este año será sometido al Congreso Nacional un anteproyecto de ley de Organización de la Administración Pública, para el cual, el presidente Leonel Fernández creó por decreto una comisión que se encargará de dar los últimos toques a la pieza que busca organizar y racionalizar las instituciones públicas, tanto en su organigrama interno como en la cantidad. El viceministro de Administración Pública, Gregorio Montero, manifestó que este anteproyecto viene a resolver ciertos elementos de corrupción que se presentan en el aparato estatal “porque en la medida en que el órgano sea creado en base a criterios y de manera transparente, de esa forma se crearán las instituciones que se requieren y los órganos existentes deberán funcionar de manera adecuada”. Una práctica vieja en la administración pública que se pretende corregir con este anteproyecto luego de que sea convertido en ley, es que una persona no podrá trabajar para dos instituciones del Estado, excepto en los casos de labores educativas. DetallesLas bases del anteproyecto fueron expuestas tanto por Montero como por la consultora francesa Laure Ortiz, a representantes de las áreas jurídica, de recursos humanos y de desarrollo organizacional y planifi cación de las distintas entidades del Estado, con el objetivo de de la ejecución de esta nueva ley tengan el conocimiento necesario para su aplicación y que puedan hacer las observaciones que crean pertinentes. “Creemos en las leyes que se airean y se discuten con los distintos sectores sociales”, indicó Montero. Los funcionarios de Administración Pública también trabajan en un proyecto de ley para regular las escalas salariales en el sector público. Se trata de dos proyectos distintos, pero que guardan mucha relación para la efi - ciencia del aparato estatal. El viceministro dijo que en los próximos días la comisión formada por los ministerios de la Presidencia y de Administración Pública, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Consejo para la Reforma del Estado analizará el contenido del anteproyecto luego de que la consultora internacional presente los últimos detalles de la propuesta. El funcionario del MAP habló durante un encuentro realizado en el hotel Meliá, donde presentaron el contenido del anteproyecto de Organización de la Administración Pública. Explicó que la iniciativa que procura dar racionalidad a los órganos de la administración pública, no sólo desde su creación y organización, sino desde el punto de vista de su funcionamiento, deberá estar lista en agosto próximo, ya que es un mandato de la nueva Constitución de que debe aprobarse una ley de organización de la administración del Estado dominicano. UniformidadLos ministerios de Estado y las direcciones generales centralizadas deben regirse por esquemas organizacionales similares, de forma que las condiciones laborales de los funcionarios, ejecutivos y empleados encargados de departamentos, así como del personal en general sean parecidas y que en caso de diferencias, que sean mínimas. De esa forma se evitan las diferencias extraordinarias observadas en el aparato estatal, además de que se establecerían cantidades de empleados específi cas por instituciones y por departamentos. Existen departamentos de ministerios con tamaños parecidos, que tienen personal que en ocasiones duplica y hasta triplica en de entidades similares, lo cual representa un costo adicional en términos de gastos innecesarios en servicios personales. Sin embargo, otro problema a enfrentar es que se respete la nueva normativa, pues en este momento está vigente en República Dominicana una relación de los montos de los viáticos, dietas y pagos extraordinarios a empleados cuando viajan o realizan jornadas fuera del puesto laboral, pocas entidades respetan ese esquema. Esa situación deja abierta la interrogante de que tan respetada sería la nueva legislación a ser sometida por el Poder Ejecutivo posiblemente el 16 de agosto ante el Congreso Nacional. LAS AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADASMÁS DIFÍCILCon las instituciones autónomas y descentralizadas el control de la organización interna es mucho peor, pues en cada caso los titulares tienen mayor independencia para establecer los cargos y los salarios de la forma que crean más conveniente, sin que los controles y supervisón de los órganos fiscalizadores sea muy efectiva. Una institución donde hasta hace un año había un desorden en cuanto a nombramientos y salarios era la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Cargos innecesarios, salarios extraordinarios muy por encima de la capacidad del puesto y asignaciones adicionales fuera de lo común, eran parte de los casos que generaron denuncias hechas públicas por algunos medios de comunicación. Otra práctica usada por algunas entidades del Estado es la asignación de salarios netos, que son los montos que aparecen en las páginas de transparencia de sus portales de internet. Son casos en que una persona aparece con un salario de RD$300,000 mensuales, pero ese monto es neto, no incluye los descuentos de seguridad social, impuesto sobre la renta y otras deducciones, que corren por cuenta de la institución, por lo que en términos reales en monto del sueldo es mucho más elevado.