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Golpe de Estado al Ajedrez dominicano

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El pasado domingo 12 de noviembre la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) decidió instaurar nuevos Estatutos y de esta forma, celebrar en enero próximo el décimo cuarto aniversario del mismo grupo que rige el Juego Ciencia nacional desde el año 2010.

Según los criterios de la masa ajedrecística los nuevos Estatutos fueron hechos a la medida de garantizar la continuidad y permanencia del actual Comité Ejecutivo que en 14 años ha llevado al ajedrez criollo al peor nivel cualitativo de su historia, con resultados nacionales e internacionales que no se corresponden con los ingresos recibidos del Gobierno, de las instituciones privadas y las donaciones.

Los nuevos estatutos se elaboraron sin una asamblea previa para consultar a la masa ajedrecística y a las Asociaciones de las 31 provincias y el Distrito nacional, y al vapor, se eliminaron los Estatutos de la FDA establecidos hace más de 50 años y a través de los cuales se ha manejado institucionalmente el ajedrez en el país.

Hemos recogido diferentes opiniones de expertos en derecho y reconocidos directivos y Maestros expresadas en diferentes medios de comunicación, incluyendo las redes sociales y la televisión para exponerlos brevemente con algunas correcciones.

Es importante conocer que la FDA fue fundada en el año 1944, siendo una de las primeras organizaciones deportivas del país. Del mismo modo, cuando en el año 1954 se formalizó el deporte nacional bajo el formato olímpico, la FDA estuvo presente. No fue, sino luego del movimiento renovador del ajedrez en 1965, que la FDA se planteó la necesidad de elaborar sus primeros Estatutos. Esto se realizó en 1966, cuando una Asamblea de Clubes discutió y aprobó los mismos.

A través de los años los Estatutos y Reglamentos de la FDA han tenido modificaciones, que fueron discutidas y refrendadas cada vez por la Asamblea de sus miembros.

Durante más de 50 años ese marco legal garantizó la democracia dentro de la FDA y su afiliación a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), hasta que en enero del 2020 una reunión sin el quórum reglamentario y en presencia del Secretario del COD en calidad de Observador, eligió un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Desde entonces, y pese a los reclamos públicos de ajedrecistas y directivos, (también por escrito ante el Comité Olímpico Dominicano) el CEN de la FDA ha operado ilegalmente.

Las cosas marcaron su clímax en la asamblea del día 12 a la cual asistieron personas sin acreditación alguna, ni hubo pase de lista, en la cual se decidió imponer nuevos Estatutos bajo el predicamento de que los viejos Estatutos ya no existen, según expresó quien actuó como regulador y coordinador de la reunión.

La mayoría de los jugadores del país interpretan que ha habido un golpe de facto sin respeto por la normativa de la FDA y su institucionalidad, con dos tipos penales envueltos, primero: usurpación de funciones del consejo de la FDA y el Congreso extraordinario, órganos que tienen calidad exclusiva para la modificación de los Estatutos y segundo: falsedad en escritura pública porque la FDA es una persona jurídica debidamente incorporada que se rige por la Ley 122 y ejerce sus funciones en el ámbito público, como entidad rectora del ajedrez en República Dominicana, financiada regularmente, por el gobierno, vía Ministerio de Deportes.

Es una realidad, que ni por consideración y respeto a la ética, se consultó a los señores Francis Argomaniz y Rafael Damirón, creadores de los Estatutos vigentes, para someter la arbitraria idea a una discusión seria, responsable y oportuna. De más está decir que los señores Argomániz y Damirón (ambos expresidentes meritorios de la FDA) han dedicado más de 50 años al desarrollo del ajedrez en República Dominicana, trabajo que es reconocido nacional e internacionalmente.

Dos preguntas propias del sentido común se hacen los ajedrecistas: si no existían Estatutos, ¿entonces el actual grupo ha dirigido el ajedrez arbitrariamente desde el 2010? ¿Ésa será la causa de las arbitrariedades cometidas desde ese año?

Esperemos que las denuncias a la imposición de los nuevos Estatutos de la FDA tengan eco en el Comité Olímpico Dominicano, el Ministerio de Deportes y en las altas instancias del Gobierno Dominicano.

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