El delito de ser ciudadano

A lo largo de estos ocho meses de resistencia ciudadana en Nicaragua, el régimen ha insistido en crear una verdad alternativa paralela a la de los hechos reales: la invención de un golpe de estado organizado por terroristas de profesión que actúan “movidos por el odio”. Miles de terroristas en las calles, empeñados en socavar la democracia familiar. Esa es la historia que repiten los voceros oficiales, los medios fieles al gobierno, y que los fiscales y jueces utilizan para acusar y procesar a los ciudadanos. Cerca de seiscientos golpistas están en las cárceles por no haber aprendido la lección de amor.

El demoledor informe presentado el 21 de diciembre en la sede la OEA en Washington por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que integran juristas de indiscutible renombre, viene a desmentir de manera rotunda esta leyenda urbana sacada del sombrero del mago, al concluir que no existe ninguna evidencia que sustente el golpe de estado.

Por el contrario, establece el informe, "para el GIEI, el estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución". Un documento para la historia.

La insistente propaganda alrededor del golpe de estado es un intento retórico para el consumo interno, pues fuera de las fronteras no tuvo nunca ninguna eficacia. No va dirigido a la ciudadanía en general, sino a la clientela partidaria que rodea a la pareja presidencial, a fin de crear justificaciones y motivos “legítimos” a la represión que el informe desnuda y condena.

El Grupo de Expertos de la OEA desmonta claramente la falacia de esta verdad alternativa. A partir del 18 de abril de este año lo que se creó en Nicaragua fue un movimiento espontáneo, que creció y se multiplicó sin la dirección de nadie en particular, menos que tuviera una línea estratégica conspirativa. En ese sentido, no hubo un movimiento anormal durante todo el período anterior, durante y posterior al período cubierto por el presente informe”. Fue un estallido popular, y lo sigue siendo.

Los golpes de estado son otra cosa muy diferente: no se urden en las calles, entre estudiantes y pobladores de barrios, sino en la sombra; se preparan en los cuarteles, y se planean en secreto. Nadie se entera hasta que se producen. Ni los ejecuta tampoco gente desarmada, muchachos que pelean con piedras y morteros caseros, y hasta con tiradoras de hule.

Cuando se llegaron a producir actos violentos de parte de los manifestantes, la comisión, tampoco encontró evidencia de que “hubieran sido coordinados o formaran parte de un plan”. Y los grupos declarados en rebeldía mutaban día a día, de acuerdos al flujo y reflujo de los acontecimientos. Cabezas distintas cada vez, según las ciudades, y aún los barrios.

A estas alturas, queda claro que la verdad alternativa del golpe de estado fue creada directamente en contra del concepto de ciudadanía. Hay una tachadura negra sobre la palabra ciudadano para oscurecerla, o borrarla. Los ciudadanos tienen derechos, y en Nicaragua al día de hoy se han quedado sin ninguno.

Es un castigo impuesto desde el poder: si quienes salieron a protestar de manera masiva fueron los ciudadanos, en uso de las libertades públicas inherentes a su soberanía individual, libertad de movilización y libertad de expresión, para empezar, y fueron reprimidos por eso, quienes ahora guardan cárcel como presos políticos, o son detenidos día a día en las calles o en sus domicilios cuando es de noche, han perdido también el derecho al debido proceso: detención dentro del término de ley, derecho a la defensa, a un juicio público, a jueces imparciales. El poder dicta que los golpistas y terroristas no tienen ningún derecho, lo que puede leer como: los ciudadanos no tienen ningún derecho.

Sin que medie la declaratoria de un estado de excepción, los nicaragüenses viven bajo estado de sitio: las garantías constitucionales se encuentran suspendidas de hecho, y está prohibido manifestarse. Aún para las procesiones religiosas se exige permiso policial. Es obligatorio entregar los teléfonos móviles si son requeridos, y los mensajes en redes sociales que guardan son examinados o copiados, con lo que el derecho a la privacidad de la correspondencia ha quedado abolido.

Debido a la que bandera de Nicaragua se volvió un símbolo subversivo, porque el azul y el blanco son los colores de la resistencia ciudadana, está prohibido exhibirla o portarla, lo mismo que elevar globos con esos colores.

Está suspendido el derecho ciudadano de informar libremente, y recibir información. Por eso fue asaltada la redacción del periódico Confidencial y la de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche de Carlos Fernando Chamorro, y sus bienes y equipos confiscados. Por eso fueron asaltadas también las instalaciones de la televisora 100% Noticias, y su director Miguel Mora apresado y puesto a la orden de los tribunales, por cometer “delitos impulsados por el odio como consecuencia de la provocación, apología e inducción al terrorismo”: El terrorismo de informar.

En las aduanas se retiene el papel y los insumos para los periódicos escritos, al estilo Venezuela, y los dos diarios del país, La Prensa y El Nuevo Diario, apenas tiene mes y medio de existencias para imprimir. Luego, les tocará desaparecer.

De las organizaciones de la sociedad civil que promueven la libertad de expresión, los derechos humanos, la democracia, las encuestas de opinión, y hasta la defensa de la naturaleza, nueve han sido ilegalizadas, obligadas a cerrar por decreto y sus bienes también confiscados.

Entonces, el verdadero golpe de estado se ha dado contra los ciudadanos, contra su condición de personas libres. Sus derechos han sido suprimidos. Se les discrimina, y se les anula. Esos derechos sólo existen para quienes están en las filas del régimen y son parte del aparato de poder, y disfrutan, además, de un derecho exclusivo: el de la impunidad.