Ley de Protección Animal 248, una necesidad a favor de las mascotas

Este marco legal ha iniciado una nueva era en la legislación nacional, reflejando un cambio en la actitud de la sociedad hacia el trato hacia los seres vivos. Sin embargo, desde su implementación, han surgido voces que critican su insuficiencia y la urgencia de reformas que promuevan su efectividad.

El senador Omar Fernández, quien ha sido un defensor activo de la causa animal, sostiene que las sanciones establecidas por la ley son insuficientes para desincentivar el maltrato. “La Ley 248-12, en su momento, representó un buen marco jurídico, pero las penas que impone hoy no logran disuadir a los agresores”, explica.

De cara a la realidad actual, su propuesta incluye un aumento en las sanciones y la creación de una Procuraduría Especializada en Protección Animal, la cual contaría con una asignación presupuestaria que le permita cumplir con sus funciones adecuadamente.

Fernández resalta que no solo se necesita un aumento en las penas, sino también herramientas adicionales para el Ministerio Público, necesarias para la persecución efectiva de infracciones. La importancia de la educación en el respeto a los derechos de los animales también es un punto central de su argumentación. “Las iniciativas educativas son claves para construir una cultura de respeto y protección hacia los animales”, añade.

A nivel de la sociedad civil, la presidenta de la Fundación Quisqueya en Desarrollo, Myriam Rodríguez Scott, señala que la falta de acción por parte del Estado ha dejado un vacío en la difusión de la ley y sus implicaciones.

“Desde el Estado no se han establecido acciones concretas sobre la Ley 248-12. Las fundaciones hemos asumido el reto de informar al público sobre sus derechos y responsabilidades”, dice Rodríguez Scott, resaltando la falta de capacitación en las autoridades competentes.

Las alianzas entre organizaciones no gubernamentales y el sector público son fundamentales. La alcaldía del Distrito Nacional está llevando a cabo programas de esterilización y vacunación, trabajando de la mano con diversas fundaciones que realizan estas jornadas de manera gratuita. “Estos esfuerzos son un ejemplo de cómo podemos colaborar para mejorar la situación de los animales en el país”, comenta.

Sin embargo, la frustración por la falta de aplicación efectiva de la ley es palpable. Rodríguez Scott expresa que la expectativa de que la Ley 248-12 haya cambiado realmente la situación es desalentadora. “La aplicación de la ley es una gran decepción”, concluye.

En este contexto, Antonio Marte, senador por la provincia de Santiago Rodríguez, también se ha mostrado crítico respecto a la efectividad de las iniciativas actuales. En respuesta a la pregunta sobre cómo se puede integrar la protección animal en el sistema educativo, enfatiza la necesidad de una educación sólida que fomente el respeto hacia los animales.

“Considero que la Ley de Protección Animal ha sido un poco floja. Debemos enseñar a los dueños de mascotas que es su responsabilidad cuidar adecuadamente de ellos, lo que incluye recoger los desechos cuando salen a pasear”, sostiene. Además, resalta la importancia de generar albergues adecuados no solo para perros, sino para todos los animales, conectando esta estrategia con una educación que promueva la sensibilidad hacia el animal.

“Debe existir un albergue en cada provincia, porque en muchos lugares los animales deambulan sin protección. El Estado también debe comprometerse más con aquellos que brindan refugio a los animales, ayudándoles con los gastos y apoyos necesarios”. Este enfoque busca no solo la protección de los animales, sino también una solución que bienestar apoye a las comunidades en un marco de convivencia armónica.

A pesar de los esfuerzos de organizaciones y activistas, la lucha por los derechos de los animales en la República Dominicana aún enfrenta numerosos obstáculos y la voluntad política parece ser esencial para cambiar el rumbo y asegurar la protección que estos seres vivos merecen.

Así, mientras que la Ley de Protección Animal representa un inicio prometedor, su efectividad en la práctica depende de una serie de reformas y un esfuerzo conjunto tanto de las autoridades competentes como de la sociedad civil.

La defensa de los derechos de los animales debe convertirse en una prioridad, donde la educación, la empatía y las sanciones efectivas jueguen un papel crucial en la construcción de un futuro más justo y compasivo. El camino por recorrer es largo, pero el compromiso por un cambio real está en manos de todos.