UN PACTO POR EL BIENESTAR DE TODOS

En un contexto donde el agua es fundamental en todos los aspectos de la vida, desde el medio ambiente hasta la economía y la sociedad, surge la necesidad de abordar los desafíos que enfrenta su gestión. 

El problema del agua se ve agravado por el cambio climático y el crecimiento poblacional que cada vez demanda más de su uso. Ante esta situación, en la República Dominicana se firmó en agosto del año pasado el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036.

Se trató del último de cuatro fases que compusieron el proceso del trabajo para el acuerdo, que, en primera instancia, asume el agua “como un bien de dominio público y como patrimonio estratégico del país, indispensable para la vida de las personas, los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la nación”.

Y comenzar con este compromiso no ha sido para menos, pues el mismo documento revela que la falta de agua es un fenómeno que “se agudiza” en el país, y en ciertas temporadas del año, “se hace crítico”.

Además, de que el 95 % de las aguas residuales no tratadas retornan a los ecosistemas hídricos sin ningún tipo de tratamiento, degradando la calidad de los cuerpos de las aguas superficiales y subterráneas. 

“Otro dato importante es que la agricultura usa con fines de riego el 80 % del agua con que cuenta el país, y la utiliza con eficiencia física inferior al 25 %”. “El 90 % de desastres naturales que ocurren en el país están relacionados con el agua”, se lee en el documento que enumera los 10 desafíos que pesan sobre el recurso.

Por tanto, el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036 compromete una variedad de actores, incluidos sectores gubernamentales, partidos políticos, academias municipales, empresas privadas y organismos con 38 acciones destinadas a garantizar la disponibilidad y el cuidado del crucial recurso hídrico en la República Dominicana.

Las autoridades gubernamentales han afirmado que el acuerdo surgió luego de consultas y diálogos en las 32 provincias, coordinados por el Gabinete del Agua, liderado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd). En estas reuniones participaron 1,235 personas de 558 organizaciones.

Las acciones

Entre los compromisos están:

• Impulsar una ley de agua que establezca un marco regulatorio integral.

• Diseñar, consensuar y aprobar con la sociedad civil en su conjunto el Plan Nacional de Recursos Hídricos e Infraestructuras.

• Desarrollar en cada cuenca hidrográfica un plan de restauración de ríos.

• Elaborar el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado a nivel nacional.

• Educar a las generaciones actuales sobre el cuidado, ahorro, preservación y uso responsable del recurso hídrico.

• Detener los procesos contaminantes y degradantes que afectan las aguas superficiales, subterráneas y litorales costeros marinos.

• Ajustar la demanda de recursos hídricos sobre la base de los recursos disponibles actuales y futuros.

• Cobrar el costo justo y equilibrado del agua para asegurar la viabilidad a largo plazo del servicio de abastecimiento

• Mejorar y completar la infraestructura de riego y drenaje en sus diferentes niveles.

• Fomentar una mayor participación ciudadana en los debates y órganos de toma de decisiones.

Inversión requerida

Se estima que, para llevar a cabo las medidas propuestas en el pacto se requerirán inversiones significativas, alcanzando la cifra de 8,500 millones de dólares. Este financiamiento será crucial para garantizar la disponibilidad y calidad del agua en el contexto de los desafíos planteados por el cambio climático.

Este plan debe ser objeto de revisión y ajuste anual por parte de una comisión técnica multisectorial establecida con ese propósito, con el fin de incorporar las prioridades emergentes relacionadas con el uso, aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos del país. 

Además, se establecerá un mecanismo de seguimiento, medición y reporte en el plan de inversiones para presentar regularmente los progresos en los aspectos ambientales, sociales y económicos de las acciones implementadas. 

De igual forma, en el documento se establece que se deben destinar los recursos financieros necesarios del sector público para asegurar que toda la población, tanto en áreas urbanas como rurales, tenga acceso al agua potable en cantidad y calidad al 100 %.

Esto conlleva a realizar las inversiones requeridas para incrementar la capacidad de regulación y almacenamiento de los recursos hídricos mediante embalses, balsas y recargas gestionadas de acuíferos, entre otras medidas que reduzcan las pérdidas por evaporación e infiltración.