En cualquier sociedad democrática el derecho a la protesta es un pilar fundamental. Es un mecanismo esencial que le permite a la ciudadanía manifestar sus inquietudes, exigencias, demandas y aspiraciones, dentro de los cánones que establece el texto constitucional y las leyes complementarias. La historia no ha conocido ninguna sociedad que pueda considerarse verdaderamente democrática donde no existan las libertades de expresión, reunión y asociación, todas ellas reconocidas y protegidas en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y que son la base sobre la que se sustenta el derecho a protestar.

Sin embargo, el ejercicio de este derecho conlleva responsabilidades que no son exclusivas del Estado y del Gobierno, son también de los protestantes, que al ejercer su derecho se comprometen a cumplir con lo que establece la misma Constitución, que en todo momento se refiere al ejercicio de las libertades con fines lícitos y pacíficos. En consecuencia, los participantes en una protesta deben asegurarse de que sus acciones respeten el orden público, evitando incurrir en actos de violencia o vandalismo que puedan deslegitimar sus reivindicaciones y poner en riesgo la seguridad de terceros.

El Estado, por su parte, tiene la obligación de respetar, proteger y facilitar el derecho a la protesta pacífica, lo que implica no solo abstenerse de interferir arbitrariamente en las manifestaciones, sino también garantizar que se desarrollen en un entorno seguro, asegurando que las voces de los ciudadanos sean escuchadas sin temor a represalias. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, la criminalización de los manifestantes y la implementación de normativas restrictivas atentan contra los principios democráticos y vulneran los derechos fundamentales de la población.