Cuidado con ese gancho, presidente

Detrás del debate ambiental en torno a Loma Miranda (y minero en general) colisionan dos visiones: la explotación de los recursos naturales vs. su protección intocable.

Que el capitalismo salvaje ha depredado recursos, generando pasivos ambientales y escaso desarrollo para comunidades periféricas, es una verdad tan cierta como que en el movimiento ambiental hay científicos que se comportan como activistas, pese a que su formación académica supondría la aceptación del método científico como mecanismo para encontrar la verdad.

El interés monetario ciega tanto como la obcecación ideológica, de ahí que quienes defienden que la explotación en Miranda podría ser de bajo impacto ambiental, tendrían tanta razón como quienes aducen que en apenas 32 km se determina el futuro hídrico de la república.

Nuestros legisladores han creado un verbo para conciliar populismo legislativo con populismo ambiental: “Parquenacionalizar”. A falta de estudios científicos rigurosos, análisis de costos/beneficios, planes de manejo y de remediación ambiental, etc., ¡parquenacionalizar es la solución!

El populismo legislativo les luce a los legisladores, pero no a quienes se precian de científicos y procuran con un blindaje del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) cerrar cualquier discusión sobre explotación minera (Miranda, El Romero), sin importar si el área en cuestión cumple o no con los requisitos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Con relación al proyecto que declara parque nacional a Loma Miranda, basta recordar que en septiembre de 2014 fue observado por el presidente Danilo Medina, quien de manera responsable y jurídica fundamentó sus motivaciones. Como vampiro que se resiste a morir, el proyecto fue aprobado nuevamente el pasado jueves 13.

Si los legisladores quisieran salvar al medioambiente, pudieran empezar aprobando presupuestos más sustanciosos para el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Hay que desterrar de la práctica legislativa la idea de que parquenacionalizar un área sin criterios, requisitos, estudios, rigor, etc., es la vía para su preservación.

En el caso de Miranda, el parque propuesto se encuentra dentro de la concesión “Quisqueya 1” de Falconbridge, la cual, en el año 2014 tenía una valoración económica estimada de US 3,100 millones (PNUD). Que conste que es prerrogativa del Estado decidir su explotación o no, al margen de cualquier consideración empresarial.

A 2025, el mejor negocio para una empresa quebrada, desguazada y canibalizada sería que el Estado declare parque nacional el área de referencia, pues su valor (minero) de mercado ya está tasado, sirviendo la expropiación como una inmejorable excusa para iniciar una litis internacional, con todos los argumentos jurídicos a su favor.

Que tenga cuidado el gobierno con ese caramelo envenenado que le enviarán del congreso en su momento. Que tenga cuidado el presidente en no caer en la trampa de un populismo legislativo/ambiental irresponsable y acientífico, que a medio plazo condenaría al país al pago de multimillonarias sumas en daños y perjuicios. Que no coja presión en redes el gobierno, que como bien dijo el otro Luis –El Terror–, “el que evita no es cobarde”.