Acceso y transparencia para fortalecer la seguridad jurídica
El ejercicio del derecho se sustenta en la premisa de que un sistema de normas regula la conducta humana dentro de una sociedad. Su propósito es claro: garantizar que los tribunales, al resolver conflictos, impartan justicia, preserven el orden, promuevan la paz social y protejan la dignidad humana. Sin embargo, entre todos estos elementos, hay uno que es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier sociedad constituida en un Estado de Derecho: la seguridad jurídica. Hans Kelsen, afirma, en su obra Teoría pura del Derecho, que la seguridad jurídica permite que las personas confíen en el sistema legal y ajusten su conducta a normas preestablecidas.
Si la conducta humana es regulada por las normas, que a su vez deben ser interpretadas por cada expresión del quehacer jurídico, resulta imprescindible no solo conocer las normas, sino también cómo son aplicadas e interpretadas. Kelsen señala que la seguridad jurídica implica tres elementos esenciales: claridad y accesibilidad de las normas, estabilidad y coherencia del ordenamiento jurídico, y aplicación predecible e imparcial de las leyes por parte de las autoridades.
Ante la citada cuestión, surgen dos preguntas fundamentales:
1. ¿El ordenamiento jurídico dominicano cuenta con un mecanismo que permita predecir cómo se interpreta el derecho?
2. ¿Existe una forma efectiva para conocer cómo se está aplicando el derecho en la República Dominicana?
La primera pregunta encuentra atención en un mecanismo recursivo que ha estado presente en con antecedentes desde 1822 y fue incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, en 1908. Este mecanismo, regulado por la Ley núm. 3726, de 1953 y, más recientemente, por la Ley núm. 2-23, es la casación.
La casación, como recurso extraordinario, no busca únicamente resolver intereses particulares, sino que persigue un fin mucho mayor: asegurar la correcta aplicación de la ley y garantizar la coherencia del sistema jurídico nacional. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia actúa como guardián de la unidad jurisprudencial, es decir, como intérprete último de lo que dicen la legalidad.
Este mecanismo se consolida con la figura del interés casacional instaurado por la Ley núm. 2-23 sobre recurso de casación.
Es decir, todos los tribunales de la República deben asegurarse de que sus decisiones estén alineadas con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia o manifestar con claridad las discrepancias para que sean evaluadas. Este principio no es un capricho, sino una necesidad vital para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
La segunda pregunta lleva a una realidad preocupante: existe una brecha de acceso a las decisiones judiciales, además de aplicaciones contradictorias, más allá de elementos justificables de criterios, que pueden llegar a contradicciones dentro de un propio tribunal, ya sea este único o se encuentre dividido en salas. ¿Cómo es posible que en un mismo distrito judicial existan interpretaciones divergentes sobre una misma norma?
Una ruta posible para disminuir este problema pasa por dos puntos:
1. Asegurar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y las decisiones de los tribunales de la República sean accesibles.
2. Garantizar que los tribunales interpreten las normas tomando en consideración los precedentes establecidos por la Corte de Casación.
En este contexto, merece reconocimiento la iniciativa de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) con la creación de JURITECA (juriteca.edu.do), una plataforma diseñada para satisfacer esta necesidad. La herramienta ofrece acceso a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, con el compromiso de incorporar en el futuro las sentencias de TODOS los tribunales del orden judicial. Integra buscadores didácticos con el uso de inteligencia artificial.
Su impacto será significativo, no solo en la precisión de la administración de justicia, sino también en la consolidación de la seguridad jurídica, al proporcionar una fuente común y confiable para toda la comunidad jurídica del país.
El anhelo de unificar la jurisprudencia nacional no debe recaer únicamente en las instituciones judiciales. Es un deber también de los abogados y abogadas, quienes en su ejercicio deben procurar soluciones éticas y ajustadas al derecho vigente. Es responsabilidad de los jueces y juezas, cuya misión es impartir justicia sobre la base del respeto al Estado de Derecho. Y es un desafío para las universidades, que tienen el compromiso de formar a los futuros juristas con un enfoque crítico y actualizado.
La seguridad jurídica no es solo un ideal teórico; es la piedra angular de la justicia y la paz social. Y solo garantizando el acceso libre, claro y transparente a la jurisprudencia se podrá construir un sistema jurídico que genere confianza en la ciudadanía y seguridad que apoye al desarrollo económico y social.