Sin financiamiento estatal, más corrupción
La reciente decisión de Nayib Bukele de eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos en El Salvador ha generado debate en la región. Algunos sectores en la República Dominicana han expresado su apoyo a una medida similar; sin embargo, consideramos que, en nuestro caso, sería un grave error.
“No más financiamiento de partidos politicos con el dinero del pueblo”, expresó, Nayib Bukele.
La eliminación del financiamiento público no elimina la influencia del dinero en la política, sino que la traslada completamente a manos de empresarios y grupos privados con intereses particulares. En la República Dominicana, hemos visto cómo el financiamiento privado ha sido la puerta de entrada para la corrupción, el tráfico de influencias y la captura del Estado por intereses ajenos al bien común.
Los efectos del financiamiento privado: corrupción y poder paralelo
Históricamente, el financiamiento privado ha representado un peligro latente para la democracia dominicana. En múltiples ocasiones, se ha demostrado que narcotraficantes y empresarios han financiado campañas políticas con sumas millonarias, con el objetivo de garantizarse impunidad y beneficios económicos a través del Estado.
Uno de los casos más recientes y escandalosos fue el del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien fue condenado en Estados Unidos a 16 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero. Se comprobó que Gutiérrez Díaz utilizó su posición política para facilitar actividades ilícitas, demostrando cómo el dinero del narcotráfico sigue influyendo en la política dominicana.
Otro caso similar es el de la diputada Rosa Pilarte, del mismo partido, acusada de formar parte de una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico. Según el Ministerio Público, su familia manejó más de RD$ 2,593 millones en transacciones sospechosas, utilizando su figura política para encubrir actividades ilegales.
Estos casos se suman a otros históricos como el de Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien admitió haber financiado campañas políticas con dinero proveniente del narcotráfico, y el de César “El Abusador” Peralta, cuya red criminal operaba con protección de sectores políticos y empresariales.
En el ámbito empresarial, el escándalo de Odebrecht sigue siendo el mejor ejemplo de cómo el financiamiento privado puede corromper la administración pública. La constructora brasileña pagó más de US$ 92 millones en sobornos para garantizar la adjudicación de contratos de obras en la República Dominicana. Estos pagos beneficiaron a políticos de diferentes partidos y demostraron cómo los aportes privados no son donaciones desinteresadas, sino inversiones con retorno garantizado en contratos y privilegios estatales.
Datos que evidencian la influencia del dinero privado
Según datos de la Junta Central Electoral, en las elecciones de 2020, los tres principales partidos políticos recibieron los siguientes montos de financiamiento estatal y reportaron los siguientes gastos:
Partido Revolucionario Moderno (PRM)
● Contribución del Estado: RD$ 1,260 millones
● Gastos reportados: RD$ 1,740 millones
● % Cubierto con fondos estatales: 72%
● % Financiado con otras fuentes: 28%
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
● Contribución del Estado: RD$ 1,060 millones
● Gastos reportados: RD$ 2,100 millones
● % Cubierto con fondos estatales: 50%
● % Financiado con otras fuentes: 50%
Fuerza del Pueblo (FP)
● Contribución del Estado: RD$ 360 millones
● Gastos reportados: RD$ 720 millones
● % Cubierto con fondos estatales: 50%
● % Financiado con otras fuentes: 50%
Estos datos reflejan que el financiamiento privado sigue siendo una fuente clave para los partidos, especialmente para el PLD y la FP, donde la mitad de sus ingresos provienen de fuentes no estatales. Esto evidencia la vulnerabilidad del sistema político ante intereses privados y la necesidad de regular y transparentar el origen de los fondos de campaña.
La solución: financiamiento público y prohibición de aportes privados
En lugar de eliminar el financiamiento público, lo que se necesita es blindarlo y garantizar que los recursos se distribuyan de manera equitativa y transparente. La solución no es dejar a los partidos a merced del financiamiento privado, sino prohibir de manera tajante los aportes privados y empresariales, estableciendo sanciones severas para quienes los reciban o los otorguen.
El financiamiento estatal permite que los partidos políticos funcionen sin depender de grandes capitales privados que terminan condicionando sus decisiones y sus compromisos. Garantiza que la competencia electoral no esté basada en quién recibe más dinero de grupos de poder, sino en quién tiene las mejores propuestas para el país.
Bukele sí, nosotros no
Lo que puede funcionar en El Salvador no necesariamente es lo mejor para la República Dominicana. La realidad de nuestro país ha demostrado que el dinero privado en la política ha sido más perjudicial que beneficioso, consolidando redes de corrupción e intereses particulares por encima del bienestar nacional.
En lugar de seguir el camino de Bukele, debemos impulsar una reforma que mantenga el financiamiento estatal y elimine de raíz los aportes privados y empresariales, asegurando que el dinero no sea el factor determinante en nuestra democracia.