Los aranceles y su impacto en el DR-CAFTA

El reciente decreto del gobierno dominicano, que impone aranceles al arroz importado desde Nicaragua y Estados Unidos, ha desatado un intenso debate sobre la necesidad de proteger la producción nacional frente a las implicaciones del Tratado DR-CAFTA. Este acuerdo, que permitirá la entrada de arroz con arancel cero desde sus países firmantes a partir de 2025, plantea un desafío significativo para los productores locales y pone en tela de juicio la capacidad del país para adaptarse a un entorno comercial global en transformación. Emitido el 18 de diciembre de 2024, el decreto 693-24 establece un arancel del 99% para el arroz que sobrepase las 23,300 toneladas métricas autorizadas bajo el contingente. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, afirma que esta medida es crucial para asegurar la seguridad alimentaria en un contexto internacional incierto. Sin embargo, la inadecuada preparación de los productores dominicanos para enfrentar este nuevo escenario suscita serias preocupaciones sobre su viabilidad a largo plazo.

El presidente Luis Abinader, en su discurso del 27 de febrero de 2024, destacó que el país ha experimentado “cosechas récord” de 14 millones 700 mil quintales entre 2021 y 2022. A pesar de estos logros, la falta de medidas concretas y efectivas para modernizar la producción y reducir los costos de insumos persiste. Un productor de arroz de La Vega, visiblemente inquieto, expresó su temor ante la saturación del mercado con arroz importado, reflejando la desesperanza que permea entre los agricultores locales.

Consideraciones sobre el decreto presidencial

1. Jerarquía normativa: El decreto debe ser analizado a la luz de los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por el Estado dominicano. Según la Ley 137-11, estos instrumentos tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa por los tribunales y otros órganos del Estado.

2. Interpretación internacional: Las naciones firmantes del Tratado DR-CAFTA podrían considerar esta acción como una ruptura del acuerdo, que podría derivar en sanciones o represalias comerciales. Este riesgo no solo afecta al sector agrícola, sino que también puede tener repercusiones en otras áreas vitales de la economía.

3. Impacto en relaciones comerciales: La implementación de los aranceles puede deteriorar las relaciones comerciales entre la República Dominicana y Estados Unidos, generando efectos negativos que podrían extenderse a áreas como las Zonas Francas y la atracción de inversiones extranjeras.

4. Arbitraje internacional: Es probable que los países afectados por el decreto recurran a tribunales de arbitraje internacional. Este proceso, que podría prolongarse durante meses o incluso años, dejaría a los productores dominicanos a merced de la competencia desleal de arroz importado, mientras la crisis en el sector agrícola se vuelve inminente si no se implementan medidas financieras urgentes.

Este preocupante panorama nos lleva a cuestionar si realmente estamos asistiendo a un retroceso hacia un primitivismo impositivo, donde las medidas adoptadas son meramente reactivas y carentes de una visión estratégica que contemple un futuro sostenible para la agricultura dominicana. La falta de inversión en tecnología, la capacitación y la modernización del sector agrícola son obstáculos que deben ser superados para enfrentar efectivamente los desafíos del comercio internacional. Es imperativo que el gobierno dominicano no solo reconsidere la implementación de aranceles en el contexto del DR-CAFTA, sino que también desarrolle una estrategia integral que fortalezca la producción nacional, garantice la seguridad alimentaria y, a la vez, respete las normativas internacionales que rigen los acuerdos comerciales. El futuro de la agricultura dominicana dependerá de su capacidad para adaptarse y competir en un entorno global cada vez más inclusivo y exigente.