No perdamos también el 2025

Otro año perdido… Malos tiempos para la minería en la República Dominicana; no para las empresas que actualmente operan en el país –porque aquí se agradece y se respeta la inversión extranjera–, sino para las que desean contribuir con capital, recursos y tecnologías a la explotación de nuestros recursos mineros; conscientes de que el clima favorable para la inversión extranjera ha sido consistente en las últimas tres décadas.

Así las cosas, contamos con un marco jurídico e institucional favorable, y las falencias de una ley minera obsoleta son suplidas por resoluciones de una Dirección General de Minería activa. El país tiene reservas probables y proyectos por iniciar en El Romero (San Juan), Neita (Dajabón), etc., sin embargo, continúa el rezago en la explotación de los mismos.

Somos una economía con enorme potencial minero, y, llegado el momento de la verdad, han sido sus constantes y metálicos aportes los que han salvado nuestra economía en más de una ocasión, constituyéndose en uno de los principales rubros de exportación.

Algunos sectores ecologistas actúan de acuerdo a criterios restrictivos de sostenibilidad ambiental, basados en la imperturbabilidad de ecosistemas; otros entienden que se puede hacer minería de manera ambientalmente responsable. Para eso existen los Estudios de Impacto Ambiental bajo los términos del Ministerio de Medio Ambiente. Para de una manera rigurosa, científica, replicable y constatable, evaluar pros y contras de cada proyecto y facilitar toma de decisiones políticas bajo criterios responsables.

En la práctica, la construcción de la denominada “licencia social” ha sido el quebradero de cabeza de actividades mineras fallidas en algunos proyectos del pasado, como en los actuales proyectos mineros por desarrollar. La génesis de todo es el escaso entendimiento y compromiso por parte de las autoridades con la industria minera. Al no ser “políticamente correcto” en tiempos de redes sociales, la minería vendría siendo el familiar que se fue del país y del que nadie habla –por la forma en que se “maneja”–, pero es quien mantiene la casa con sus remesas.

Así las cosas, Romero y Neita están en el punto exacto donde se encontraban en agosto de 2020, y acaso peor, pues acumulan cuatro años de descalificaciones, cuestionamientos y desgastes a nivel local. Mientras, en estos cuatro años en el Ministerio de Energía y Minas no pasó absolutamente nada; ni frente a esas empresas, ni frente a FALCONDO, que detuvo operaciones hace un año y desde entonces el Estado ha tenido que involucrarse en la búsqueda de soluciones para honrar pasivos laborales y financieros ajenos, con un nivel de diligencia que no mostró en supervisión y regulación.

Los proyectos mineros requieren recursos y tiempo, y eso es lo que más se ha perdido. Parafraseando el refrán chino, el mejor momento para haber tomado decisiones valientes, responsables y haber dado los primeros pasos en esas operaciones mineras fue hace cuatro años… el segundo mejor momento es ahora.