¿Políticas basadas en mitos o en evidencias?

En la postrimería de los años 90 inicié mi excursión en la seguridad vial. Era la lucha contra los accidentes de tránsito, porque el concepto de seguridad vial era totalmente desconocido. Para entonces, Subsecretario de Obras Públicas a cargo de Equipos y Transporte de la Institución, entre otras funciones.

Las informaciones que teníamos eran las iniciativas del Presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, que parecían ser exitosas. En tanto, en nuestras vías el desplazamiento era cada vez más peligroso.

Recuerdo que en tiempos decembrinos y en Semana Santa implementábamos el programa que denominábamos “Asistencia al Conductor”, Ese proyecto sin recursos, con los vehículos y personal propios de la institución, sin dudas constituye el más antiguo antecedente de lo que hoy es “Asistencia Vial”, por todos conocidos sus resultados y cuantiosas inversiones.

Era habitual oír penosamente hasta hace poco entre los más encumbrados funcionarios las frases: “No tengo nada que ver con los accidentes de tránsito”; “Eso no deja votos”, y hasta lo insólito decir en una ocasión de que “Eso no dejaba cuarto”.

La falta de interés político se hacia evidente, pero también la falta de información, al punto de que esas repetidas expresiones para un servidor eran mitos que frenaban el conocimiento y el desarrollo del tema de seguridad vial y retrasaban las decisiones.

Los comentaristas repetían que teníamos muchas leyes que solo había que aplicarlas, y nos creíamos los dominicanos ser portadores de la mejor ley del mundo, la famosa y más perversa 241-67.

Ahora con la 63-17 continuamos reclamando que ésta sólo hay que aplicarla cuando desde su entrada en vigor presentó desfase. Seguimos creyéndonos que es la última panacea.

En ese mismo orden, el Primer Mandatario de la nación afirmó recientemente que el costo de los accidentes de tránsito representan el 2.2% de nuestro PIB, equivalente a 130 mil millones de pesos, obviamente partiendo de un mito, en contradicción con el ministro de Obras Públicas quien aseveró años antes en Naciones Unidas era de un 3%.

Lo que me obliga a reafirmar lo siguiente: La transparencia en las estadísticas de víctimas y la homologación de la metodología para el cálculo de los indicadores de siniestralidad vial, es un compromiso saludable en seguridad vial. (Seguridad Vial Sostenible. Una meta impostergable como Objetivo País. Pag. 440. 2016. Mario Holguín).

Los últimos estudios científicos nos dicen, abro comillas: “Se estima que las muertes y

lesiones por accidentes de tránsito en países de ingresos bajos y medios causan

pérdidas económicas de hasta el 5% del PIB”. Cierro comillas. (Global status report on

road safety 2015. OMS. XI). De manera que en República Dominicana estamos lejos de la

realidad en este sentido.

No obstante, en el 2018 un estudio de Auditoría de carreteras en nuestro país de un organismo internacional, iRAP Safety Insights Explorer, del que la OMS no esta ajena, afirma que el costo de las víctimas de tránsito es de un 9% del PIB. Datos manejados por los países del G7 en su programa RECONSTRUIR MEJOR, con una tasa de mortalidad de 67.23 muertes por siniestros viales por cada 100 mil habitantes para República Dominicana, todavía sin rebatir. Discusiones que dieron origen la salida de Rafael Arias y entrada de Hugo Beras al INTRANT.

Es preciso mencionar el concepto de Sistema de Enfoque Seguro, del que el oficialismo empieza hablar. Porque lejos de gestionar políticas basadas en mitos, deberá crear la plataforma para evidencias fiables.