Fábrica de inconstitucionalidades

Un pensamiento elemental en la interactuación humana es el hecho de que no se puede dar lo que no se tiene. No podemos respetar, si no nos respetamos. No podemos tampoco exigir cumplimientos cuando nosotros mismos damos el mal ejemplo.

Esto es aplicable a todas las “autoridades” de una nación y no escapan de esto los legisladores, funcionarios, órganos constitucionales, sector privado y la sociedad civil. De ahí el franco y progresivo deterioro institucional que adolece la nación dominicana.

Parece que el accionar político y legislativo, está por encima del bien y el mal, que es lo mismo que decir, estar por encima de aquello que Elito llamaba, un pedazo de papel.

El caso del alcalde de La Vega renunciante y la posterior selección de una persona que le sustituya, deja todo lo que se supone es una competencia entre iguales, en un cuento de hadas de la desgastada partidocracia dominicana.

Ahora se propone en el senado de la república, que sean los partidos los que elijan al sustituto en caso de muerte, renuncia, inhabilitación, incapacidad. En lugar de fomentar el respeto a lo que en teoría fue una competencia limpia.

Al parecer, eso que se propone finalmente también resultará en ser inconstitucional, porque así como un partido decía tener una fábrica de presidentes, el congreso se ha convertido en una fábrica de inconstitucionalidades.

Y se podrían comenzar a citar barbaries de todo tipo. Las noticias indicaban ayer varios aspectos que se ventilan en el Tribunal Constitucional y a veces uno se pregunta ¿y para que?, si los que deben hacer cumplir la ley, para que haya orden, están también como chivo sin ley y formando parte de redes criminales.

Los recursos de inconstitucionalidad están de moda, y bailan al compás del merengue que tocan las cámaras legislativas, produciendo inconsistencia jurídicas, pero eso sí, acomodadas al interés del patrocinador.

El cuento de nuestra democracia va bien, aunque dominicana no es un ejemplo de retroceso democratizo latinoamericano. A mi entender, no puede retroceder lo que nunca ha progresado.

Pero sumando ejemplos de la moda recursiva, ciudadanos sometieron un recurso de inconstitucionalidad de la ley que convocó a la reforma constitucional y solicita un referéndum. Recurso que a nuestro entender no prosperará, pues la misma constitución establece el mecanismo para la asamblea revisora. Y no queda claro el tema de la obligatoriedad del referéndum, excepto en temas especiales que la misma constitución establece.

Pero están abiertos recursos contra la ley del DNI y su completa anulación, recursos de inconstitucionalidad del código de trabajo y del famoso método D’Hondt.

Este último deja claro, que no existe un verdadero ejercicio democrático electoral, para con este respetar la voluntad popular al elegir legisladores y los gobiernos municipales.

Nosotros sumaríamos a estos recursos, el recordatorio de incumplimiento a una sentencia vinculante emitida por el tribunal constitucional contra el artículo 11 del código tributario, ya que declaró inconstitucional la responsabilidad solidaria de las deudas tributarias a terceros.

Como un tema que entendemos relevante para el desarrollo del país, proponemos la inconstitucionalidad de la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, ya que esta, no solo está desfasada del interés nacional, sino que se adhiere al interés supranacional impuesto por la ONU y al pensamiento globalista, con el cumplimiento de la agenda destructora: la agenda 2030.

Parece ser, que el peso de los patrocinadores, lobistas y comisionistas, que empujan las iniciativas legislativas, tienen más poder fácticamente hablando, que el respeto y vinculación que debería existir con la carta magna.

Pero una pregunta que nos hacemos y les hacemos a los “honorables legisladores”. ¿Por qué si desde un principio se sabe que existen violaciones a la constitución en una ley, seguimos adelante hasta que la misma se promulgue?. ¿Dónde va quedando nuestra supuesta honorabilidad?. Por eso una vez se insinuaba: ¡honorables de que!.

Parece ser que la construcción del adefesio jurídico, es la meta legislativa más preciada, pariendo como conejos en madriguera, cualquier clase de normativa, y luego tener que vivir con el señalamiento del mismo pueblo dominicano, cada vez perjudicado por sus falsos representantes congresuales.

Esta realidad invita a buscar la manera, que garantice un equilibrio en las cámaras legislativas, de manera tal, que se promueva al menos el choque de ideas, y no se impongan los criterios casi siempre aupados por Mamón y el hombre del maletín.

Y que la siempre mencionada sociedad civil, que debería servir de contrapeso, no sea más que la representación de aquellos grupos de interés organizados casi siempre en ONGs, pero que no responden al interés realmente nacional, y que por lo mismo, tampoco representan dignamente a la colectividad, sino a sectores específicos y sus intereses particulares.

Los legisladores mientras tanto, continúan con su ardua tarea de parir leyes con visos de inconstitucionalidad, y ciertamente en cada oportunidad, aseguran de que la carta magna puede ser llamada sin temor a equivocarnos: un pedazo de papel.