El pasado lunes, el gobierno de Guatemala trasladó a decenas de presos peligrosos a una cárcel reformada que antes estaba bajo el control de las pandillas.
En el recinto penal llamado “El infiernito”, una intervención policial y militar en junio del presente año detectó en su interior armas, dinero, licores y, aunque usted no lo crea, hasta animales salvajes, como cocodrilos y zorros.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reveló algo muy común en las cárceles latinoamericanas, desde "El Infiernito" se cometían delitos y crímenes como extorsión, narcotráfico y sicariato. La cárcel recién reformada tiene capacidad para 260 reos de alta peligrosidad.
También a principios de 2023, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró una mega prisión con capacidad para 40,000 reclusos.
A la cárcel, bautizada como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), pero que algunos críticos llaman peyorativamente “El Alcatraz de Bukele”, fueron trasladados también cerca de 2,000 delincuentes altamente peligrosos. Se construyó en un tiempo récord de siete meses, con la participación de 3,000 obreros.
Es un recinto de máxima seguridad para evitar posibles maniobras o técnicas de escape por parte de los reclusos. Posee, asimismo, un sistema que bloquea las señales de teléfonos celulares para imposibilitar la comunicación de los presos con el exterior.
Tanto Arévalo como Bukele han planteado que los pandilleros encerrados en ambas cárceles ya no podrán continuar haciéndole daño a la población desde los propios recintos, porque ya están bajo control.
En otra cara de la moneda, el pasado martes un choque entre reclusos dejó 17 muertos y 15 heridos en una convulsa cárcel de Guayaquil, en Ecuador, país sumido en una profunda crisis carcelaria que desde 2021 ha dejado 500 reos fallecidos por pugnas entre bandas rivales del narco.
Quizás en República Dominicana el accionar de las pandillas no ha alcanzado los ribetes de algunas naciones latinoamericanas, pero hay señales que comienzan a mostrar que en poco tiempo podríamos llegar a esos niveles, incluso con la exportación de pandilleros desde nuestro vecino Haití.
La cárcel La Victoria retiene a cerca de 7,000 reclusos, pero fue construida para albergar a alrededor de 2,000.
Guatemala y El Salvador parecían más rezagados que República Dominicana en materia de reforma penitenciaria, pero en esos países se impuso la voluntad política de sus gobernantes que ha faltado en nuestro patio, para ponerle fin a esa historia de oprobio que ha prevalecido en las cárceles, especialmente con el fracaso de La Victoria.
Una luz en el camino parecía ser el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, inaugurado el 10 de diciembre de 2020 por el gobierno del entonces presidente Danilo Medina.
Aunque el pasado gobierno, que es el actual con un endoso de cuatro años, alegó que ese recinto se inauguró sin estar terminado, el experto en régimen penitenciario, Roberto Santana, precisó que gran parte de sus áreas estaban listas para recibir a privados de libertad. De que no estuvieran operando culpó al Gobierno y a técnicos de la Procuraduría General de la República.
Desde entonces las excusas y alegatos para justificar el retraso en los trabajos han sido poco convincentes, a pesar de que se reavivaron las promesas de terminar Las Parras, a raíz de aquel incendio en la cárcel La Victoria, en marzo del presente año, del que todavía se ignora la real cantidad de reclusos fallecidos.
Y en el ínterin hemos visto de todo. Las Parras se deterioró tanto por la desidia oficial, que restaurarla saldrá casi tan caro como construirla.
La construcción del recinto fue traspasada por la Procuraduría General de la República al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), pese a que siempre se dijo que la primera contaba con los recursos para terminarla, provenientes de la negociación del Estado con la constructora Odebrecht, por su admisión de que pagó sobornos para adjudicarse contratos de obras públicas.
El propio Roberto Santana, coordinador de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), llegó hasta a denunciar el robo de equipos esenciales de la cárcel Las Parras, que había que comprar nuevamente, lo que nunca se investigó.
En esa oportunidad declaró que en materia penitenciaria el país ha ido en retroceso, pese a que más tarde anunció la construcción de 25 cárceles en todo el país. Se sabe poco de cómo marcha el cumplimiento de esa promesa.
Recordamos que la sobrepoblación carcelaria y el consecuente hacinamiento, agravados por la arraigada costumbre del ministerio público de pedir prisión preventiva como medida de coerción hasta por el robo de un racimo de plátanos, han convertido nuestras cárceles en una bomba de tiempo a punto de estallar, tal y como ocurre actualmente en Ecuador.
La mega cárcel construida en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele.
Uno sabe que, si el gobierno dominicano interviene con policías y militares las cárceles del país, puede encontrar en su interior más sorpresas que las halladas en “El infiernito” de Guatemala. Claro, no sabemos si existe la voluntad política para ponerle fin a tantos negocios en las penitenciarías dominicanas.
La cárcel La Victoria, la más grande del país, tiene alrededor de 7,000 internos, cuando fue construida para alojar a cerca de 2,000. No hay que recordar lo que prevalece allí, basta “googlear” las noticias y reportajes de algunos periódicos nacionales.
Pero si usted amable lector quiere un solo ingrediente de ese “sancocho carcelario”, Roberto Santana (él otra vez), en mayo de 2022, siendo asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, realizó otra denuncia en el programa “Esta noche Mariasela” que se quedó en “declaracionismo” sin ninguna consecuencia, cuando reveló que debido a la corrupción que impera en ese recinto, el encargado de seguridad recibía siete millones de pesos cada semana.
La sobrepoblación y el hacinamiento prevalecen en la cárcel La Victoria.
La cárcel Las Parras fue vista como un símbolo de redención para los presos de La Victoria y el principio de una anhelada reforma penitenciaria aplazada por décadas.
El recinto tiene 30 edificios administrativos y 57 de alojamientos, distribuidos en cuatro lotes con capacidad para albergar a 8,778 internos.
Además, 112 celdas de observación, 80 de reflexión, 48 de máxima seguridad, 88 especiales para internos con movilidad reducida, 96 conyugales y cuatro edificios para comedores y cocinas.
Posee otras facilidades como iglesias, gimnasio, diversos espacios para prácticas deportivas, barberías, dispensarios médicos, torres y garitas de vigilancia, cuatro accesos a cuadrantes y uno para los talleres.
"Nosotros somos los primeros interesados en terminar Las Parras, porque como ustedes saben, hace ya tres décadas que La Victoria no debió de estar operando”. Esa posición la fijó el presidente Luis Abinader durante una LA Semanal desde el Palacio Nacional.
Y si realmente hay vocación política para hacerla realidad, el gobernante debe actuar como esos lanzadores relevistas que salen a cerrar un juego de béisbol con rectas a más de 95 millas por hora, tipo el cubano Aroldis Chapman.
Una medida plausible sería suministrar todos los recursos que requiere el MIVED para terminar ya Las Parras y brindar a la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, dirigida por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, todo el apoyo necesario para que ejecute los proyectos orientados a humanizar las cárceles dominicanas.
Las Parras no será una cárcel tipo “Alcatraz” como la de Bukele o “El Infiernito” de Arévalo, pero terminarla en tiempo récord sería un paso vital para evitar que al presidente Luis Abinader se le desaten en cualquier momento los “demonios” de nuestros “infiernos carcelarios”.