Todo el poder, toda la responsabilidad

El gobierno sigue sin entender. Al anuncio de reforma fiscal (octubre 07) siguió una ofensiva mediática a todos los niveles que, sin embargo, no pudo contener los cuestionamientos que la propuesta generó; y que finalmente se vio desbordada por cacerolazos; rebelión en las redes alimentada con munición argumentativa suministrada por economistas de primer nivel; así como comunicados de rechazo emitidos por casi todos los sectores del país.

Tras el retiro de la pieza (octubre 19), la lógica indicaba que seguiría un proceso de autocrítica interna que fuera capaz de incorporar en el proyecto las preocupaciones, necesidades y aspiraciones ciudadanas, y, sobre la base del consenso en torno a la necesidad de hacer una reforma fiscal integral y el disenso en cuanto al tipo de reforma propuesta, se aprovecharía el empuje generado y el timing político.

En los hechos, el gobierno asumió como derrota un cuestionamiento legítimo, confundió forma con fondo, engavetó el proyecto y tiró la bola fiscal para el 2028; en línea con la irresponsable práctica asumida por sus predecesores de postergar hacia el futuro la necesidad de asumir un compromiso en el presente.

Si “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, entonces, todo el poder conlleva toda la responsabilidad. Si eso fue lo que procuró Abinader en las elecciones de febrero y mayo, no puede rehuir a la obligación de dar cumplimiento al mandato de la ley 1-12 y a una necesidad nacional.

El gobierno da por cerrado el tema porque, o no entiende qué pasó, o –peor aún– cree que actuó correctamente y es incapaz de hacer autocrítica… y tomar medidas correctivas. Que se piense que el pueblo no entendió o comprendió la propuesta evita la discusión de fondo: que se hizo en solitario, no se negoció y no se comunicó.

Eso explicaría ese pasar página a modo de vendetta; una especie de “no me merecen” que roza el “Après moi, le déluge” de Luis XV (o la Pompadour); un laissez faire a casi todos los niveles que se traduce en una anhedonia estatal en donde los plazos no se cumplen; las circunvalaciones se posponen cuatro, cinco, seis veces; se inauguran 14 carriles sin terminar; se derrochan cientos de millones en 12 días de campaña mediática fallida; se prioriza la colocación publicitaria a la comunicación estratégica… y no pasa nada.

Ahora el presupuesto 2024 -aprobado en 2023- resulta insuficiente porque no fue aprobada una reforma fiscal para 2025; y una austeridad no decretada –ni comunicada– sirve como justificación para cancelar obras importantes, como las vinculadas al Sistema de Trasporte Masivo –por el FITRAM–, o mucho más importantes, como la fiesta navideña del SNS.

Mala planificación presupuestaria; contracción del gasto; ahorro inducido a última hora; castigo por la insolencia de no haber aceptado la reforma fiscal… ¿qué más da? Todo es lo mismo.