Cuando el perfil de la deuda pública dominicana estaba dominado por el financiamiento con los organismos multilaterales, caracterizada por periodos de gracia, tasas de interés blanda y plazos para el pago del capital con un horizonte prolongado, la carga fiscal de la deuda no se generaba de inmediato, al tiempo de no ser significativa (1999:16.6% del PIB), porque el servicio de la deuda no tenía que honrarse en el corto plazo. Hoy día, que el perfil lo dominan acreedores privados y que la fuente de financiamiento son básicamente bonistas particulares e institucionales, ambos profesionales, los compromisos financieros se generan de inmediato, al menos en la parte de los intereses y, además, que el saldo de los pasivos son cada vez de mayores montos -para diciembre de 1999 era de US$ 3,660.9 millones (16.6 % del PIB) y a septiembre de 2024 es de US$ 57,359 millones (46.1 % del PIB y RD$ 3.44 billones)-, para un aumento nominal equivalente a US$ 53,698.1 millones en 25 años, sugiriendo un crecimiento anual de US$ 2,148 millones.

El tema del endeudamiento público es desafiante por los compromisos financieros que se derivan, por la conducta de los políticos, que han visto el financiamiento/deuda presupuestaria como tabla de salvación, en particular, luego de la inauguración de la primera emisión de bonos soberanos en el 2001, al darse cuenta de que no están atados a los requisitos establecidos por los organismos de financiamiento multilateral y, que por el contrario, estructurada y colocada la emisión de bonos en el mercado, el dinero líquido está en manos del gobierno de turno, que lo consigna en el proyecto de ingresos y gasto público anual y, también, entre economistas, que asesoran a los gobiernos diciéndole que mientras el flujo neto de ingresos por préstamos frente al pago del servicio de la deuda esté a su favor, no hay mucho de qué preocuparse.

Recientemente el país se enfrascó en la discusión de la reforma fiscal presentada por el gobierno, al margen de si es o no necesaria, una cosa fue evidente, el rechazo generalizado por parte de la población, que llevó al gobierno a tener que retirarla del Congreso de la República, la otra, menos conocida y entendida, es que la reforma en nada atacaba el déficit fiscal, porque se mantenía en torno al 3.0 % del PIB y por consiguiente tenía un efecto neutro en el ataque sobre el referido déficit, al endeudamiento progresivo que exhibe el sector público no financiero y mantenía la presión del servicio de la deuda en ritmo ascendente.