Bartolomé y Carlos Pimentel

Bartolomé Pujals y Carlos Pimentel tienen varios elementos en común: abogados jóvenes, provenientes del movimiento social, “de las calles”, directores de instituciones que regulan procesos de compra, odiados por partidos opositores que se asumen víctimas de su pasado activismo y recelados por segmentos del oficialista PRM. Cuentan con la confianza y apoyo del presidente Luis Abinader, lo que se traduce en muchas ocasiones, en mayor hostilidad contra ellos.

Los dos funcionarios han pasado por situaciones incómodas que generan estrés al mandatario, porque obligan a su intervención, ya que afectan la gestión gubernamental, lo que olvidan o subestiman ámbitos oficialistas, que personalizan las diferencias.

La industria de la extorsión encuentra una rendija maravillosa para su amplio y corrosivo accionar.

A los “Marcha Verde” les imputan firma de contratos tildados de onerosos y cuando se aclara con los documentos oficiales a mano que rubricó otra persona, no hay rectificación y se pasa a otra variante acusatoria. Presentados como ambiciosos de poder, cuando el presidente les suma nuevas responsabilidades por decreto o administrativamente.

Abinader llegó al poder sobre una ola por la transparencia y contra la corrupción y respondió el apoyo, colocando a un representante de Transparencia Internacional en la dirección de Contrataciones Públicas. Aplausos hasta que Pimentel comenzó a “dañar” negocios de quienes querían pasar factura.

Una de las primeras pruebas fue la devolución de procesos de compra en el ministerio de Educación, cuando era dirigido por uno de los hombres de mayor confianza de Abinader y continuó con otros casos que se convirtieron en expedientes acusatorios al intervenir el Ministerio Público.

Pimentel inhabilitó como suplidores a nuevos funcionarios y congresistas que entendían que podían comerciar con el Estado, lo que subió el tono de las quejas. “¿Y cómo financiaremos la campaña?”. Quejose un veterano.

El 23 de octubre último, Abinader designó a Pimentel en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, en adición a su responsabilidad en Contrataciones Públicas, cargo que en lo adelante sería honorífico, para mayor optimización, eficacia y transparencia. Se soltaron los demonios contra el designado, no frente al firmante del decreto.

El subalterno, claro está defiende la designación, pero luego, en medio de la controversia, salió a relucir una carta del Consultor Jurídico Antoliano Peralta contestando una consulta de Pimentel, y con copia al mandatario, que advierte violación a la ley de Alianzas Público-Privada. Supuso, creo, que Abinader desistiría.

Pimentel renunció de la nueva posición y Abinader, insistió en que se buscaba eficiencia e incurrió en una pésima explicación en LA Semanal de los procesos y la intervención de la Consultoría Jurídica, en su interacción con la figura del presidente de la República.

La “desgracia” de Bartolomé inició cuando a su posición de director ejecutivo del Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital, Abinader sumó en enero de 2023 la dirección general de OGTIC y se estrenó con la anulación de procesos de compra, que se sospecha tenían muchos dolientes. Y se tomó en serio una resolución del ministerio de la Presidencia que faculta a la institución validar procesos de compra de tecnologías y softwares y contratación de servicios informáticos.

El ruido del alquiler de Ogtic, siempre con una foto de Bartolomé al lado de una suma millonaria, ha sido tan fuerte, que personas pendientes de la actualidad noticiosa aún creen que él firmó el contrato, aunque se aclaró hace 5 días y todos los denunciantes recibieron expedientes completos de las transacciones del arrendamiento y de los puntos GOB. Claro, el fin es la confusión.

Es un viejo librito mundial: se diseñan esquemas para sacar como corruptos a quienes persiguen la corrupción.

PRM y aliados deberían ir de la mano…