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La orden de alejamiento, un papel que no salva vidas

En la República Dominicana, la violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas sigue siendo una problemática persistente, que se convierte en tragedia para las víctimas y las familias. Aunque se han implementado mecanismos legales como las órdenes de alejamiento para ofrecer protección, la realidad nos golpea con fuerza: este recurso, aunque necesario, sigue siendo insuficiente.

Una orden de alejamiento es solo un papel, y un papel por sí solo no evita la muerte ni la violencia. Para que este documento se convierta en un verdadero escudo protector, es imperativo que esté respaldado por acciones contundentes y una respuesta eficaz de las autoridades.

Es estremecedor ver a mujeres en redes sociales clamando por justicia, pidiendo ayuda desde el miedo. Estas mujeres, cuya voz debería ser suficiente para accionar el sistema de protección, muchas veces son ignoradas, y es solo después de sus asesinatos que la sociedad reacciona. No podemos seguir permitiendo que la indignación llegue cuando ya es tarde, cuando esas voces se han apagado.

El caso más reciente es de una mujer que denuncia a través de redes sociales que es víctima de amenazas, acoso y persecución por parte de su expareja, aun con una orden de alejamiento.

¿Qué está fallando? Las órdenes de alejamiento, a pesar de ser una herramienta importante, no resulta ser eficaz y suficiente para garantizar la integridad física y emocional a las mujeres víctimas de este flagelo. Esta medida debería estar acompañada de acciones concretas de seguimiento, para garantizar que el agresor cumpla.

La sociedad y el Estado tienen una deuda pendiente con las mujeres víctimas de violencia de género, no podemos seguir viendo sus muertes como hechos aislados ni esperar a que se conviertan en trending topic para actuar. Cada asesinato es una prueba de debilidad del sistema de justicia en ofrecer una protección real. Las instituciones deben actuar de manera preventiva, y las familias, vecinos y la sociedad en general también deben ser parte activa en la denuncia y el apoyo a las víctimas.

La Ley 24-97 de Violencia de Género, promulgada en la República Dominicana, fue un avance crucial en la lucha contra el abuso y la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta ley, la violencia de género sigue siendo un problema profundamente enraizado, con consecuencias devastadoras para las víctimas. El mayor desafío no es la falta de normativa, sino la implementación efectiva de esta ley.

Una de las medidas de protección establecidas en la Ley 24-97 es la emisión de órdenes de alejamiento las cuales, en teoría, pretenden ser una barrera entre la víctima y su agresor; Sin embargo, en la práctica, estas órdenes resultan ser ineficientes para garantizar la seguridad de las mujeres que siguen viviendo en constante miedo debido a la falta de acción oportuna y efectiva por parte de las autoridades. La frustración es palpable cuando, a pesar de contar con dicha orden de alejamiento, las víctimas son más vulnerables a ser acosadas, perseguidas o asesinadas.

Muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias o por desconfianza en el sistema judicial, y las que lo hacen se enfrentan a procesos burocráticos que ralentizan la respuesta y en la mayoría de los casos la revictimizan. Además, la sociedad muchas veces minimiza los signos de violencia, perpetuando un ciclo de silencio y desprotección.

Es vital que se fortalezcan los mecanismos de protección establecidos por la ley. No basta con emitir una orden de alejamiento; las víctimas necesitan refugios seguros, atención psicológica, desde el primer momento y, sobre todo, la certeza de que el sistema judicial será implacable con los agresores. Además, debe existir una mayor capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, desde los policías, fiscales y hasta los jueces.