enfoque
¿Por qué no repiten el proceso de 1992?
La reciente presentación del presidente Luis Abinader sobre la Ley de Modernización Fiscal ha generado preocupaciones en diversos sectores de la sociedad dominicana.
Esta propuesta busca enfrentar la necesidad de aumentar las recaudaciones para financiar áreas críticas como salud, seguridad, transporte, entre otros en un contexto de creciente demanda por parte de la población.
La reforma fiscal de 1992, impulsada por el presidente Joaquín Balaguer, marcó un hito en la historia económica del país.
Esta reforma fue diseñada en un contexto de crisis, donde se buscó modernizar el sistema tributario nacional y mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos. El proceso fue el resultado de un amplio diálogo que incluyó al gobierno, sectores empresariales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, permitiendo la construcción de un consenso fundamental para su implementación.
Para la legitimidad de las medidas adoptadas, En esta ocasión, el presidente Abinader debe establecer esos mecanismos de diálogo que incluyan a gremios empresariales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. La propuesta de eliminar exenciones fiscales para sectores como el turismo requiere una discusión abierta con todos los actores involucrados para asegurar una transición más suave y menos conflictiva.
La participación de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, fue crucial en la reforma de 1992, proporcionando asistencia técnica y alineando la reforma con las mejores prácticas fiscales a nivel global. Para la reforma fiscal actual, el apoyo de estas instituciones es esencial, especialmente en el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la evaluación de impacto de los otros impuestos propuestos, como el aumento sobre el gravamen a bebidas alcohólicas y no azucaradas.
El consenso logrado con el sector empresarial en 1992 fue uno de los pilares del éxito de la reforma. Para los planes del gobierno actual, es crucial mantener un diálogo abierto con el sector privado, asegurando que los nuevos impuestos no perjudiquen la competitividad y fomentando el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). La participación activa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de otros grupos será fundamental para garantizar que la reforma no genere tensiones sociales.
El debate debe ir al Consejo Económico y Social (CES). El gobierno tiene que facilitar audiencias públicas donde diferentes sectores puedan expresar sus opiniones y preocupaciones.
La transparencia en el proceso, especialmente respecto a la eliminación de exoneraciones y el ajuste del ITBIS al nuevo IVA, será clave para generar confianza y apoyo ciudadano.
La experiencia de la reforma fiscal de 1992 ofrece valiosas lecciones para la nueva reforma propuesta por el presidente Luis Abinader.
Para que esta reforma sea efectiva, es esencial replicar los mecanismos de diálogo, consenso y participación que fueron cruciales en el pasado.
Un enfoque inclusivo y transparente, que involucre a todos los sectores de la sociedad y responda a las urgentes demandas de la población, esto garantizará que la reforma sea no solo efectiva, sino también justa y sostenible.