Cuando en el año 2021 se discutió en la opinión pública un borrador de una posible reforma tributaria, la sociedad presionó al Gobierno para que retirara de la mesa cualquier propuesta de ajuste tributario, porque las condiciones de las personas, del país y del mundo eran demasiado inciertas y difíciles para asumir una nueva carga en los hombros de los ciudadanos.
Casi cuatro años después, se presenta ante la sociedad una nueva propuesta de reforma tributaria que obliga a la ciudadanía a cuestionar, una vez más, la pertinencia y la razón de ser de esta propuesta que le complica la vida a los ciudadanos y que, de ser aprobada, les hará más caro el costo de la vida.
En ambas circunstancias, la ciudadanía ha sido sabia al hacerse las preguntas correctas. Si se necesita una reforma tributaria, que significa brindar más dinero al Estado para sus gastos, es válido que el ciudadano se pregunte por qué es necesario. Cuando en el año 2012 se propuso un Pacto Fiscal en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el legislador vio la necesidad de discutir sobre los métodos de financiamiento del desarrollo de la República Dominicana, porque para todos estaba claro que más temprano que tarde, el país necesitaría más ingresos públicos para realizar las obras que nos permitieran elevar nuestro nivel de desarrollo.
Por eso toda la clase política siempre ha hablado de la “necesidad de una reforma fiscal”, porque no es cierto que podremos alcanzar un país con el nivel socioeconómico del sur de Europa o de alguno de los países del sureste asiático, con la presión tributaria y el déficit estructural que hemos mantenido los últimos 20 años.
Con ese argumento en mano es que nos toca evaluar la propuesta de reforma tributaria o “modernización fiscal” que ha sometido el Poder Ejecutivo. Antes de presentarla, ¿el Poder Ejecutivo definió hacia dónde debe ir el modelo de desarrollo de la República Dominicana? ¿Se pensó si esta reforma permite financiar las obras y servicios que el país requiere para aprovechar su potencial turístico, de zonas francas, de nearshoring o de exportación? ¿Nos acerca esta reforma tributaria a la idea de un país de clases medias fortalecidas, que pueda adquirir una vivienda y soñar con acceso a servicios públicos de calidad?
Además, estamos obligados a preguntarnos qué estamos pagando con esta factura que el gobierno le pasa a la sociedad. ¿Estamos pagando obras y servicios que alivian el bolsillo del dominicano? ¿Estamos pagando una mejor inversión y de mayor calidad en la educación o en la salud? ¿Estamos mejorando las infraestructuras de transporte o las que nos conectan con el mundo? ¿O simplemente estamos pagando la factura de un alto nivel de endeudamiento y de servicios públicos deteriorados, como el servicio eléctrico?
Si se hace el paralelismo entre el Estado y una empresa, guardando las distancias en los criterios de toma de decisión, creo que muchos que hoy gobiernan, con su vasta experiencia en el sector privado, se sentarían en la mesa del Consejo Directivo a cuestionar al Gerente General sobre cómo ha gastado el dinero y en qué pretende invertir el presupuesto adicional que está pidiendo. ¿Cuál sería la decisión del Consejo?