En Miami afrontan arresto por dormir en la calle
Las personas sin techo en Miami afrontan un nuevo contratiempo en sus precarias existencias: desde el 1 de octubre, está prohibido por ley que los desamparados duerman en espacios públicos.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó la ley en marzo en Miami Beach, la idílica y mundialmente famosa ciudad playera donde cerca de los edificios y los hoteles de lujo, hay personas sin hogar que pernoctan en la calle, echados en portales de negocios que han cerrado, o en rincones cerca de la playa.
La ley que entra en vigor ordena a los gobiernos municipales del Estado del Sol que establezcan albergues, lejos de los centros urbanos, para “garantizar la seguridad pública”, según dijo el gobernador. Es decir, tratarán de echar a los desamparados de las ciudades, especialmente de los lugares habitados por gente adinerada y visitados por legiones de turistas. Desde el primer día de octubre, si los homeless se niegan a ir a un albergue, la policía los puede arrestar. Bajo el gobierno de DeSantis, la indigencia se ha criminalizado.
Según un censo de personas sin techo que llevó a cabo el Homeless Trust, la organización del condado de Miami-Dade que atiende a los desamparados, en el condado hay casi 2.800 personas viviendo en refugios de emergencia, y otras mil en la calle. Resolver la tragedia de los desamparados no es tarea fácil, pero intentar resolverla poniéndolos bajo arresto no es una solución humana.
Los que están a favor de la medida posiblemente piensan que muchos homeless han caído en esa penosa condición debido a la adicción a las drogas o el alcohol. Ya lo hemos dicho antes y hay que repetirlo: en los casos de desamparados que son adictos (muchos no lo son), suele ser al revés. Primero, el disparado costo de la vivienda los deja en la calle, y después se produce el deterioro existencial. En Miami, donde muchas personas apenas ganan lo suficiente para alquilar una habitación pequeña en una casa, o incluso el cuarto de la lavadora, la precariedad es una amenaza cotidiana, y basta la pérdida de un trabajo u otro episodio devastador para terminar en la calle.
En vez de arrestar a las personas que sufren la desgracia de no tener un techo sobre la cabeza, los gobiernos a todos los niveles, desde el federal hasta el municipal, deben concentrarse en solucionar la crisis de la vivienda. Es un problema nacional que se agudiza en urbes grandes y codiciadas por los acaudalados como Nueva York, Chicago, Boston, Miami, y que la ideología en boga del laissez faire ha impedido que se alivie o se solucione con medidas como controles de precios, apartamentos de alquiler reducido para personas de bajos ingresos, y límites a la gentrificación.
Los pasos que se han dado en esa dirección son muy tímidos y están lejos de resolver la crisis. Entretanto, los más vulnerables de la sociedad, los que duermen en la calle, enfrentan la pesadilla de que, en medio de la noche, la policía interrumpa su sueño para llevárselos bajo arresto.