De la reforma constitucional a la fiscal

La propuesta de reforma constitucional remitida por el presidente Abinader al Congreso avanzó a velocidad de vértigo. Con total control en ambas cámaras, sorprende la celeridad con que el Senado declaró su urgencia, aprobándola en dos lecturas seguidas el pasado viernes 27; como igual hizo la Cámara de Diputados el día de ayer, donde su presidente adelantó que la Asamblea Nacional Revisora podría ser convocada el próximo lunes.

Observando la superficie desde la orilla, ningún análisis objetivo puede concluir que la urgencia existe, sin embargo, es difícil determinar desde fuera la dirección de flujo de las corrientes subterráneas del poder.

Anulado el ruidito de la reducción de los diputados y rechazado el aumento de diputados nacionales, al margen de que queda cuestionada la capacidad del Presidente de imponer la totalidad de su agenda, y que queda en evidencia que los congresistas del PRM se manejan con ciertos niveles de autonomía, por mucho que la oposición quiera hacerlos ver como un mero sello gomígrafo del ejecutivo, queda claro también que la reforma constitucional no será en un 100% la que quería Luis, pero si quizás en un 95%...

Con una reforma fiscal a la vista, lo que preocupa de la constitucional no es el fondo, sino la forma, la tendencia, el patrón. Esa capacidad del PRM de imponer una agenda sin ningún freno, contrapeso o límite que no sea la sensatez del Presidente –de un lado–, y el sentido de “timing” político de sus legisladores, a la luz de una prisa inexplicable.

Y preocupa la forma, porque la reforma fiscal no puede (ni debe) agotar el procedimiento exprés con que salcocharon la constitucional, toda vez que, en el corto e inmediato plazo, sus disposiciones afectarán los bolsillos de toda la población, y sus consecuencias políticas son más impredecibles que las de una reforma constitucional… que ejemplos sobran.

El gobierno ha hecho del proceso de formulación de su reforma fiscal “un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”, y se delecta en ello, a la par que a cuentagotas va soltando prendas cuando quiere y donde le conviene. Desde Hacienda se trabaja en alinear una propuesta, se socializan lineamientos con los stakeholders a puerta cerrada y a través de medios y actores puntuales se deslizan aspectos, lineamientos, ideas… en un calculado ejercicio de construcción de un clima favorable, a partir del condicionamiento por saturación de la opinión pública.

El problema reside en que ese modus operandi de la reforma constitucional no procede en materia fiscal, y aunque legalidad, legitimidad y votos les sobran al gobierno para imponerla, la misma debe ser lo suficientemente informada, socializada, debatida y explicada para que pueda contar con un aval ciudadano que, jurídicamente no es necesario, pero política y comunicacionalmente es imprescindible; lo contrario sería remar contra la corriente de la historia… directo hacia el torbellino.