El gobierno dominicano que preside Luis Abinader depositó ayer sábado 28 de septiembre y a través del Ministerio de Hacienda el Proyecto de ley de presupuesto general del gobierno dominicano para el año 2025 el cual, según proponen las autoridades responsables de su formulación, estima un costo de la gestión pública nacional para el próximo año en RD$1 billón 484,234.6 millones.
Formulado bajo el preanunciado compromiso del gobierno de “reestructuración y racionalización de la Administración pública”, cuyo objetivo primario anunciado es racionalizar y eficienciar el sector público, los ingresos del próximo año han sido estimados en RD$ un billón 241,364.7 millones, trasluciendo el espíritu oficial optimista subyacente a las proyecciones macroeconómicas nacionales que les permitenn cifrar un crecimiento del PIB de 5%.
El proyecto de ley parte, como debe, de los presupuestos anticipados al Congreso el 15 de julio mediante el “Informe de Avance de las Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales 2025”, formulado en el viceministerio de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a cargo del señor José Rijo Presbot, quien lo comunicó a su superior, el ministro de Hacienda Manuel de Jesús (Jochi) Vicente el pasado 12 de julio para que este, a su vez, lo enviara, a más tardar el 15 de julio, a las dos cámaras del Congreso Nacional “Conforme a lo que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público No.423-06”.
En el mismo, el señor Rijo Presbot explicó que el documento era contententivo de “la información detallada respecto a la evolución del panorama macroeconómico nacional e internacional, los resultados económicos y financieros esperados, así como las principales prioridades que ha de contener el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del próximo año fiscal”, el cual ya ha sido depositado.
Gasto oficial por habitantes en servicios públicos clave
Ese documento, partiendo de datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), resaltó las cinco entidades públicas que a julio del 2024 y en millones de pesos dominicanos más dinero habían consumido. A saber: el Ministerio de Educación o Minerd ($128,985.3); Salud Pública ($66,719.6), Presidencia ($58,116.6), Obras Públicas y Comunicaciones ($30,038.7) e Interior y Policía ($28,259.3).
Tal información permite cuantificar la inversión pública que por ciudadanos y en esas funciones esenciales del Estado democrático de derecho se ha realizado, destacando una insostenible: el costo de la actual calidad educativa para el gobierno y la ciudadanía. En sólo esios seis meses, cada estudiante inscritos en el Minerd costó al gobierno nacional >~RD$48 mil, cifra que anualizada alcanzará, el 31 de diciembre, el duplo, equivalente a >~RD$96 mil, cifra mucho mayor que los ~RD$2,200.69 que el gobierno destina a la salud de cada uno de los 10,760,028 habitantes nacionales del país, según Comunicó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) el 10 de Agosto 2023. Estos datos informan que cada estudiante inscrito en el sistema público de educación pre universitaria cuestó a las finanzas públicas 11.74 veces más que el monto gastado en cada ciudadano por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para garantizar la salud colectiva.
El gobierno, hacia la eficiencia y la racionaldiad.
La corrección de este tipo de desproporciones o irracionalidades, generadoras, por demás, de grandes e inexplicables ineficiencias en la calidad educativa, que ennegrecen tanto la gestión de un presidente tan sinceramente enfocado en los indicadores y bien interesado en el progreso y desarrollo nacionales, —incluyendo el educativo y ciudadano—, es lo que al parecer está intentando corregir el proyecto de Ley de Presupuesto formulado y enviado a las cámaras congresales ayer.
Sus estimaciones parten del avance nacional desde un crecimiento económico moderado en el 2023 al dinamismo verificado en nuestra economía durante el primer cuatrimestre del 2024, predictor de un PIB de 5% a final del corriente año.
“En este sentido” —anticiparon el 25 de julio los formuladores presupuestarios al Congreso—, “se prevé que para el año 2025 se logre un resultado primario superavitario en RD$48,217.2 millones, equivalente al 0.6% del PIB, para un déficit global de RD$253,689.2 millones, el cual representa un 3.1% del PIB”.
Resultado que vinculan a la mayor eficiencia recaudatoria, de la cual esperan que los ingresos fiscales del 2025 asciendan a RD$1,233,457.1millones, cifra que excluye “RD$508.2 millones de donaciones, equivalente a 15.2% del PIB estimado”, el cual, según “El Panorama Macroeconómico 2024-2028 de fecha 03 de junio de 2024 contempla que el PIB nominal será de RD$8,132,627.4 millones en 2025”.
Como se puede apreciar, el gobierno espera ingresos incrementados respecto al primer cuatrimestre de 2024 al anticipar que las recaudaciones crecerán en por encima del 7.0% en sus dos instituciones recaudadoras: la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos (DGII), la cual ha venido capitaneando la captación de recursos para el gobierno a través de mayores fondos provenientes de los impuestos laborales y a las transferencias de bienes industrializados (ITBIS).
Desde el 15 de julio, 2024, entonces, el gobierno informó previsiones de ingresos corrientes cuyas variaciones respecto al 2024 se establecieron en +4.1% y, por sub partidas, del siguiente modo: a) impuestos totales: +10.1%; sobre los ingresos: +9.9%; a la propiedad: 12.9%; Itbis: +9.1%.
En el prespuesto del 2025, además, el gobierno prevé variaciones negativas en “Otros ingresos” (-50.5%), Ingresos de capital (-3.9%) y en las Donaciones (-70.9%).
También, variaciones relativas en las recaudaciones de la DGA (+7.2%), DGII (+9.2%) y de la Tesorería Nacional o TN (-61.8%).
Enfoque en la robustez económica nacional
Respecto al saldo global de la economía dominicana y su proyección al 2028 cuando concluirá la actual gestión del presidente Abinader el informe de julio remitido a las cámaras y en cuyos argumentos se fundamenta el actual Proyecto de Ley de Presupuesto remitido al Congreso, estipula la reducción anual progresiva del monto nominal de la deuda pública cuyo resultado global deberá pasar, en millones de RD$, de $-253,689.20 en el 2025 a $-227,054.70, para que reduzca 10.5% en dicho período. Para el resultado Primario postulan que variará de $48,217.10 a $153,583.00. Recuérdese que por Resultado primario (RP) los formuladores presupuestarios entienden la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, excluyendo no sólo el pago de intereses de la deuda, sino también el saldo de las operaciones de capital, en tanto por Resultado Glboal (RG) aquél que incluye todos los ingresos y gastos.
Las fusiones, ¿mediatas o inmediatas?
El precitado informe no contiene, pues, las palabras fusiones o fusión. Notándolo, parece probable que el gobierno prefiera avanzar hacia una compactación presupuestaria de los montos consumidos por instituciones funcionalmente vinculantes que, aunque relativamente similares y participantes del mismo “campo”, realizan funciones distintas, por su nivel de escala o complejidad, visión que facilitará y especializaría el enfoque y acción públicos a través de los cuales el presidente Abinader espera lograr los fines sociales que se plantean en ese documento, a todas luces creador de vías capaces de justificar las previsiones que el congreso habrá de convertir en Ley de presupuesto y haciéndolo, por demás, con anticipación, para documentar sus fines, acciones por venir y suplir data confiable a la ciudadanía y a los actores económicos.
Como el Presupuesto debe estar aprobado en un periodo dado, y vista la actual carga de proyectos de leyes por formular, analizar y aprobar que se han depositado en el Congreso y otras anunciadas, es probable que el ritmo de las fusiones anunciadas recientemente ingrese a ese entorno de circunstancias y coyunturas y, como el Congreso debe abordarlas a profundidad, y el gobierno ha establecido prioridades, podrían ser asumidas con posterioridad a los proyectos de ley de presupuesto y de reforma constitucional o de otras priorizadas.
En el caso de la planteada fusión del Minsiterio de Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el de Educación, todo parece indicar que existe gran posibildiad de que se trate de una fusión presupuestaria, altamente válida sólo desde el punto de vista funcional; esto del enfoque de “campo” o de sitema educativo nacional, especialmente cuando se ha visto la irracional diferencia entre lo que cuesta al gobierno y a la ciudadanía cada estudiante público vs lo que cuesta por ciudadano, la salud colectiva nacional.