Antes que un plazo para cumplir la Ley, es preferible hacer que esta se cumpla. Creo que el Presidente Luis Abinader debería dejar que sea la propia Ley 311-14 la que exprese lo que se debe hacer.
Si esa ley establece que todo ciudadano designado en una función pública, o electo por voto popular, tiene un plazo de 30 días para declarar sus bienes lo correcto es hacer que se cumpla. Si fallase, entonces la Cámara de Cuentas debería ordenar la retención de su salario. La Comisión de Ética pondría en conocimiento del ciudadano al funcionario incumplidor y el Presidente de la República ordenaría de inmediato su cancelación del cargo al que fue designado.
Creo que sería la decisión más honesta, legal y menos populista. Emplazar al funcionario incumplidor a que en 15 días cumpla con lo que dice la ley, es pasar por encima a este mandato legal. Si encima de eso se le dan otros 15 días luego de incumplir es doblemente irregular. La decisión del Presidente ha puesto sobre el tapete disgustos y críticas. Incluso, ese anuncio provocó una reacción de la vicepresidente Raquel Peña. Esta dijo: “Si fuese yo (presidenta), no habría otorgado un plazo adicional para la presentación de la declaración jurada de bienes. Creo que el plazo ya estaba dado y todos debemos ser responsables para cumplir con nuestra obligación”.
El Presidente lograría un gran respaldo si en vez de un plazo, diera a conocer los nombres de los incumplidores y su destitución.
Leyendo la Ley 311 no encontré ningún artículo que lo faculte a dar plazos a quienes no la cumplen, aunque sí tiene potestad constitucional de destituir a quien no lo haga. No es tiempo de mirar atrás y decir que con anterioridad nadie cumplía. Hay que mirar hacia adelante y dejar las improntas positivas y lograr que adecenten la administración pública. Dejemos que actúe la Ley.