Pleno JCE se legitimó y recuperó confianza a institución

Cuando el 11 de noviembre del 2020 los actuales miembros del Pleno de la Junta Central Electoral fueron posesionados en sus puestos, tenían por delante un gran desafío, que no solo era ser el guardián del Registro Civil dominicano y organizar unos comicios limpios y transparentes en el 2024, si no que su tarea inmediata consistía en demostrarle a la población que podía confiar en la institución.

Es decir, la tarea prioritaria era recuperar la confianza del órgano comicial que quedó destrozada con el colapso de las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020.

Ese insólito hecho no degeneró en un conflicto social de impredecibles consecuencias por la madurez del liderazgo político, la responsabilidad de los poderes fácticos del país, y la firme creencia del pueblo dominicano en el sistema democrático, pero provocó que miles de personas de todas las edades, en su mayoría jóvenes, tomaran la Plaza de la Bandera exigiendo una explicación sobre el colapso del proceso de votación y pidiendo respeto para la democracia.

Al asumir la dirección de la Junta el Pleno encabezado por Román Jáquez Liranzo no se dedicó a llorar frente al Muro de las Lamentaciones por lo sucedido, sino que se puso a trabajar en el fortalecimiento de los procesos del órgano electoral, específicamente en la calidad de los servicios que brinda la institución, del proceso electoral, y la seguridad de la información de los millones de ciudadanos registrados en la base de datos de la institución.

También procuró la creación de protocolos para asegurar que, en su calidad de entidad responsable del montaje de los comicios, pueda operar durante y después de crisis o cualquier otra situación que pudiese provocar la interrupción de sus actividades.

El grueso de ese trabajo, para lo cual la Junta se hizo acompañar de expertos e instituciones internacionales con vasta experiencia en la materia, se realizó en medio de la pandemia del coronavirus, en la cual una gran cantidad de sus colaboradores resultaron contagiados, entre ellos el presidente Jáquez Liranzo.

Mientras se avanzaba en esas tareas, comenzó el calendario electoral, pues hay que recordar que por mandato de la ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la institución no solo tiene la responsabilidad del montaje de las elecciones generales, sino que también debe organizar y fiscalizar los procesos internos de dichas organizaciones.

He conversado con gran parte de la dirigencia de los partidos políticos, tanto en las entrevistas que hago en los programas para los cuales laboro, así como en diálogos informales, y de manera unánime me han dicho la receptividad que tiene el presidente de la Junta, quien siempre los escucha, y si no puede darle solución algún problema planteado, busca alternativas que le puedan ayudar a solucionarlo, dentro del sistema normativo que rige la vida de la institución. Los más pesimistas me han dicho, “por lo menos escuchan a uno”.

Es cierto que en la pasada campaña electoral la oposición incrementó las demandas al órgano comicial para que tomara medidas sobre lo que ellos consideraban excesos del oficialismo, principalmente con respecto al transfuguismo, pero hay que precisar que las actuaciones de la Junta deben estar enmarcadas en lo que disponen las leyes de Partidos y Régimen Electoral, así como sus reglamentos de aplicación. El órgano tiene facultad para emitir resoluciones, pero dentro de los límites de las citadas normas, y sujeto a lo que establece la Constitución de la República.

Pero, en las demás exigencias, la Junta siempre estuvo del lado de las organizaciones políticas, basta señalar el reclamo para que el gobierno entregara los recursos que establece la ley en años electorales, y esa petición contó con el respaldo del presidente Román Jáquez, quien hizo las diligencias de lugar hasta que dichos fondos fueron entregados a los partidos.

Cuando, por determinadas circunstancias, el gobierno se atrasaba en la entrega de las fondos a los partidos, el órgano comicial tomaba de su presupuesto para adelantárselo a las organizaciones hasta que el Ejecutivo tramitara dichas partidas.

En el proceso municipal del mes de febrero se pudo observar el laborantismo político frente a los centros de votación y compras de cédulas, denuncias que hicieron los partidos opositores y los observadores locales e internacionales, la Junta no justificó dichas inconductas, e implementó medidas, de común acuerdo con los representantes de los partidos políticos, para minimizar esas prácticas en las votaciones de mayo. Cabe aclarar que es al Ministerio Público que le compete perseguir el delito de las compras de cédulas.

En ambos certámenes electorales, salvo las excepciones de las reglas, el proceso de votación, escrutinio, y transmisión de resultados, fue transparente, a tal punto que en el nivel presidencial antes de las10:00PM los candidatos que resultaron perdedores llamaron al ganador para reconocer su triunfo y felicitarlo.

Por todo lo descrito anteriormente, no cabe dudas que el actual Pleno de la Junta Central Electoral no solo se legitimó, sino que restableció la confianza que había perdido la institución y, por tales motivos, merece que el Senado de la República lo ratifique, el próximo mes de noviembre, para dirigir por cuatro años más el órgano comicial.