Muy bochornoso

Que un país con tantas carencias como el nuestro tenga que destruir 100 millones de pesos en utilería educativa es bochornosamente grave. Pero peor aún, que por ese episodio no haya, ni vaya a haber, las debidas sanciones.

Según fuentes oficiales, hace más de una década (plazo para que prescriban los crímenes en nuestra legislación), miles de uniformes escolares entre zapatos, pantalones, medias, poloshirts y mochilas, fueron vendidos al Ministerio de Educación (Minerd) a los fines de ser entregados a los estudiantes del sector público, pero estaban inservibles.

“Órdenes superiores” se impusieron cuando los empleados de la entonces Dirección de Bienestar Estudiantil se negaron a recibir el pedido, que hoy, doce años después, permanece en los almacenes del transformado Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie) a la espera de ser eliminado.

Pudiera asumirse –nunca justificarse- que a los funcionarios de aquel momento no les interesara accionar contra los responsables de la alegada estafa, pero el nuevo Ministerio Público debió, ante la denuncia, que era vox populi, y en virtud al artículo 30 de la Ley 76-02 que rige el Código Procesal Penal, iniciar una investigación de oficio y no dejar pasar el tiempo.

La sociedad requiere que ante ciertos casos la justicia pueda castigar los abusos sin importar cuando ocurrieron porque los responsables de decisiones u omisiones tan perjudiciales para el país, no deberían escapar de su responsabilidad legal solamente por el paso de los años.

Lo sucedido obliga a que la ciudadanía sea más activa en la vigilancia del cumplimento de los procesos para, ante cualquier anomalía, presionar antes de que sea demasiado tarde.