El gasto y la reforma

El Gobierno detalló la fusión de varios ministerios y direcciones generales, y la eliminación de algunas comisiones. Estudios internacionales al respecto plantean que la reorganización de instituciones puede tener diversos objetivos: reducción de gasto público, mayor facilidad de administrar el Estado, aumento de eficiencia en la provisión de servicios, entre otros.

Sobre el primer objetivo, el Gobierno expuso que espera una reducción de RD$25,000 millones de gasto público. Este número luce elevado especialmente porque se afirmó que se congelará la nómina a agosto de 2024. Dada la información disponible, se puede pensar que el principal ahorro planteado vendría por la unificación del MINERD y del MESCYT, donde el presupuesto del segundo sería parte del 4% del PIB para educación. En este caso, el presupuesto del MINERD aumentaría en RD$27,489 millones en 2025, hasta los RD$324,531 millones (cumpliendo con el 4% del PIB para educación), el cual es un monto menor que los RD$20,784 millones que tiene el MESCYT de presupuesto actualmente. Esto es, se estaría variando el 4% del PIB para educación.

De ser así, no se estaría observando una reducción de gasto, sino un menor crecimiento del mismo en 2025. Sin embargo, como se afirmó en la rueda de prensa, ese monto se direccionaría hacia otros gastos prioritarios. Si el aumento de otras partidas compensa el menor crecimiento o posibles reducciones de gastos, no habría un menor déficit fiscal, y el ajuste vendría por el lado de los impuestos, es decir, del bolsillo de los contribuyentes.

Respecto a hacer más fácil la administración estatal, es potestad del Presidente, como Jefe de Gobierno, gestionar la cosa pública con el modelo de administración que entienda más conveniente, siempre sujeto a la Constitución y las leyes. Es decir, si el Presidente prefiere manejar el Gobierno con muchos o pocos ministerios y ministros, es una decisión política que necesitaría el cambio de la legislación vigente.

En relación a la búsqueda de la eficiencia, el análisis sería más profundo. La última vez que se modificó la estructura actual de los ministerios sucedió con la reforma de la hacienda pública, que terminó en 2006. Es posible que luego de 18 años, haya que revisar el esquema vigente.

No obstante, el estudio de estos procesos muestra conclusiones mixtas. Edoardo Ongaro, en su libro de 2009, analiza reformas en cinco países de Europa y plantea que la tendencia funcional iba hacia las entidades especializadas, y que había diferencias entre los objetivos inicialmente planteados para hacer las reorganizaciones y lo que terminó implementándose. Otros autores comentan que la fusión implica que las instituciones originales mantienen sus funciones, presupuestos y oficinas, y solo se supeditan a las directrices de un único ministro o director general.

Por otro lado, y de manera específica, Nueva Zelanda creó el Ministerio Negocios, Innovación y Empleo, fusionando los departamentos o ministerios de Desarrollo, Ciencias, Vivienda y Trabajo en 2012. En este caso hubo reducciones de nómina y se esperaban ahorros adicionales por eliminación de servicios. Como se observa, la decisión de reorganizar la estructura gubernamental no tiene una tendencia única, depende de cada país, puede generar ahorros fiscales cuando se reduce la nómina, y su éxito en mejorar la eficiencia depende de múltiples factores administrativos y de cultura organizacional.

Siempre hay oportunidad de eficientizar la administración pública. No obstante, si el planteamiento de reorganizar el Estado es para reducir gasto público como antesala de la reforma fiscal, pero no se ve la disminución del gasto o este sucede en una magnitud pequeña, todo el peso del ajuste de la reforma caería sobre las medidas tributarias y los contribuyentes.