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“Clavo pasao”, la iniciativa de Abinader para contener el gasto

Concita amplio respaldo la reorganización gubernamental que para contener el gasto público informó el Presidente en LaSemanal del 16 de septiembre pasado.

Leer con inteligencia las opiniones expresadas al respecto revela diferencias significativas, un amasijo de intereses particulares que convocan al Ejecutivo al epicentro del bien común.

Inmersos en una democracia que robustece, todos expresan sus opiniones aunque la exclusividad de sus intereses puede descalificar a algunos.

Es obvio que gobierno y país necesitan concebir el 4% para toda la Educación, cuyo monto no ha sido ejecutable desde el 2013 cuando se acordó aplicarlo, luego que el expresidente Fernández lo proclamara (ley 66-97 orgánica de Educación), sin cumplirlo. Recordando la participación de la educación privada en el PIB.

De 18 componentes, sólo traspasar el Mescyt a Educación, continuar reduciendo el gasto “publicitario” y otra (16.67%) relativa a las artesanías generan ruido atendible. El restante 83.33% es “clavo pasado”, al existir opositores sin moral para el reclamo.

La iniciativa contempla eliminar 7 entidades de tercer grado y fundir 6 de primero, en tres; más otros ahorros alcanzables limitando ciertos gastos, como en comunicaciones.

El Mescyt no cabe en el actual Ministerio de Educación (Minerd). En Chile, el ministerio educativo incluye la educación superior aunque la regentea y vigila, cualitativa y funcionalmente, una superintendencia de educación superior.

Como el Mescyt no existía en 1997, siendo creado por la Ley 139-01, del 2001, proclamada por don Hipólito Mejía, podría ponderarse cuál de las siguientes opciones sería viable, estableciendo, por ley, que: a) su financiamiento provendrá, mediante transferencia, del $4% del PIB asignado al Minerd; b) igual, los actuales RD$14,738 millones asignados a la UASD, el mayor componente del gasto del Mescyt.

Desde el punto de vista estructural, el Mescyt podría: a) ser mantenido tal cual; b) ser una superintendencia, agregando a sus ingresos precitados entre el 3% y el 5% de los importes de las matriculaciones y créditos que los estudiantes pagan a las entidades de educación superior, vocacional y técnica, ya que la actividad enseñanza está exenta de ITBIS; y c) convertirla en una entidad descentralizada adscrita al Minerd.

La idea es evitar el riesgo de contagiar la educación superior con las visiones y demás ineficiencias vigentes en la gestión de la educación preuniversitaria.

Como el gobierno cuenta con una representación congresal holgada, puede abordar la corrección de situaciones obstructivas del desarrollo y la estabilidad macroeconómica, modificando leyes orgánicas. Sería irresponsable no asumir estas misiones, cuyos efectos podrían impactar negativamente la calidad de vida de los dominicanos.

La sartén no está para galletitas en nuestro sector enseñanza. Según el Banco Central, como actividades económicas pública y privada (“de no mercado” y “de mercado”, respectivamente), registró crecimiento negativos del 2022 al 2023. En la primera, fue -2.1% y en la segunda, de 0, o nula. En conjunto: -1.4%. Cayeron a tales niveles desde sus registros anteriores (2022), iguales a +5.2% y +2.4%, donde el liderazgo superior en +3.2% de la enseñanza pública es perceptible y se reiteró en el 2023: +2.1% por encima, sugiriendo que la gente está prefiriendo la UASD.