Del contrato semafórico y otros demonios

Pese al INTRANT señalar públicamente a la empresa Transcore Latam como responsable de haber reemplazado los “dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización”; indicar que dichos trabajos fueron realizados “sin el consentimiento previo”; que “constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos”; que pese a haber sido notificada la empresa de este incumplimiento, “en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcore cesó todos sus servicios al INTRANT…”, generando un caos en el tránsito del Distrito Nacional los días 28, 29 y 30 de agosto que padecieron todos sus habitantes; sin embargo, a 17 días no ha pasado nada.

En la República de la Impunidad Dominicana estamos acostumbrados a que cualquiera viole la ley y no haya consecuencias –ya sea por inercia o complicidad institucional– pero, lo que rompe este patrón –y llama a sospechas– es el silencio y la pasividad asumida por las autoridades a lo largo de todo el periplo tormentoso del contrato de referencia; el cual, sin ir más lejos, fue objeto de varias resoluciones suspensivas por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

A pesar de ello, con el colapso semafórico la ciudadanía fue doblemente sorprendida, porque la empresa –según INTRANT– no sólo había cesado unilateralmente la prestación del servicio, sino que ¡todavía seguía vigente el contrato!, a pesar de las varias suspensiones de la DGCP.

A qué santo le reza esa empresa es un misterio, pero su efectividad milagrera está comprobada, pues ¿de qué otra manera se puede explicar la realización del concurso y firma del contrato, con todas las alertas levantadas por la DGCP?, ¿por qué los principales involucrados aún no han sido procesados?, ¿por qué el Estado dominicano permitió el acceso a toda la data que generan las cámaras instaladas en los semáforos?, ¿bajo qué criterio de salvaguarda de informaciones privadas una empresa pudo lograr la gestión de toda la traza vehicular y de movimientos humanos?, ¿tiene el Estado control y posesión del código fuente del sistema?, ¿son conscientes las autoridades de que fueron desafiadas ostensiblemente y que el papel previo/durante/después deja mucho que desear?, ¿por qué delegar en el Ministerio Público una investigación para determinar responsabilidades, cuando por el nivel de competencias técnicas requeridas, es el propio regulador quien puede hacerlo, y, sin embargo, no procedió a querellarse?

Con mucha responsabilidad, el pasado lunes 16 el expresidente Leonel Fernández –líder de la oposición– cuestionó el manejo del gobierno en torno al caso, externando serias preocupaciones sobre las consecuencias derivadas de la ejecución del contrato que, en materia de seguridad, merecen una respuesta inmediata de las autoridades.

El atentado contra la red semafórica fue un desafío directo a la autoridad del Estado que no puede quedar impune, y como bien dijo Lilís aquel 25 de julio, camino a Moca: “el que tenga miedo, que se compre un perro prieto”.