La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha resaltado en su Reporte Mundial sobre la Protección Social 2024-2026 la importancia de la protección social universal, especialmente en lo relacionado con la mitigación de los efectos del cambio climático. Este informe subraya que, aunque más de la mitad de la población mundial tiene algún tipo de cobertura social, 3,800 millones de personas siguen desprotegidas. Ante esa realidad, la OIT destaca la urgencia de fortalecer los sistemas de protección social como herramienta clave para mitigar las desigualdades y vulnerabilidades exacerbadas por el cambio climático.
En la República Dominicana, en el año 2017, implementamos una herramienta que buscaba desarrollar una herramienta que sirviera como fuente de datos para tomar medidas dirigidas a la resiliencia de los hogares vulnerables, ante los efectos de eventos climáticos. El Índice de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático (IVACC) del Sistema Único de Beneficiarios, se adelantó a su época, buscando generar respuestas adecuadas a la realidad climática que comenzábamos a observar en todos los informes, mediante la protección social adaptativa (PSA).
Esta propuesta partió de la realidad de que las comunidades más afectadas por las crisis climáticas suelen ser las más vulnerables, aquellas con menos acceso a recursos y con menor cobertura social. Según el informe de OIT, en los 20 países más vulnerables al cambio climático, solo el 8.7% de la población tiene algún tipo de protección social, lo que agrava la situación de millones de personas que quedan expuestas sin apoyo ante los desastres naturales. Entre los 20 países está Haití, lo que se traduce en un riesgo importante para la República Dominicana.
Es por eso por lo que siempre hemos postulado porque la protección social sea vista como un derecho humano y que el acceso a la seguridad y a la protección social sirvan para garantizar una vida digna. Sin embargo, aún persisten las prácticas asistencialistas y populistas que bajo un falso discurso de “desarrollo” construyen una imagen mediática distorsionada de la realidad y la necesidad de una intervención social seria, científica y medible. Eso sumado a que los grupos sociales que realmente lo necesitan, debidamente identificados y categorizados, siguen sin acceso a la protección social adaptativa (PSA), lo que los expone a la pobreza y al grave riesgo climático.
La protección social no solo ayuda a mitigar los efectos climáticos inmediatos, sino que también puede facilitar la transición hacia empleos verdes y promover una mayor cohesión social. En este contexto, garantizar una red de seguridad adecuada que ofrezca acceso a servicios de salud, apoyo económico y diversificación de medios de vida es crucial para enfrentar las perturbaciones climáticas.
A partir de los hallazgos del informe de la OIT, queda claro que la protección social no solo debe enfocarse en riesgos tradicionales, sino que también debe abordar los riesgos climáticos de manera integrada. Los gobiernos y la comunidad internacional deben comprometerse a invertir en sistemas universales de protección social para asegurar la justicia social y climática. Esto representa una oportunidad para construir sociedades más inclusivas, sostenibles y preparadas para los desafíos del futuro, ya que las decisiones actuales determinarán el bienestar de las generaciones futuras y la salud del planeta.
La urgencia de actuar es clara. La protección social debe ser una prioridad en las agendas de desarrollo, no solo como un mecanismo de mitigación climática, sino también como una forma de fortalecer las capacidades de los individuos y comunidades para hacer frente a las crisis del futuro.