Política criminal
Claus Roxin define la política criminal como el conjunto de medidas, criterios y estrategias de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad.
Por consiguiente, la política criminal se estructura en torno a la estrategia de lucha contra el crimen. Su función alcanza el tratamiento de la problemática de los individuos que perpetran hechos delictivos. Es una disciplina que funge de enlace entre la ciencia (conocimiento objetivo delito) y la política (ejecutar ideas o intereses). Su metodología se desarrolla entre el ámbito de la elaboración teórica y el plano de su incidencia práctica en la realidad social.
Desde el punto de vista de Roxin, la política criminal orientada a la prevención es más efectiva que la pena. Por lo tanto, sugiere implementar medidas preventivas a través de medios de política social, policiacos, legislativos y técnicos. En ese tenor, considera que la mejor estrategia de prevención es un buen control policial, toda vez que la dureza de la amenaza penal puede ser indiferente, ya que la regla es que el autor solo comete el acto cuando piensa que no será detenido. Por esas razones, es partidario de la concepción —que surgió en Norteamérica— que indica que la policía hace falta en las calles y no en las oficinas públicas.
En cuanto a las prácticas internacionales, es importante realzar los aportes del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), organización líder en la prevención de la criminalidad a nivel mundial, la cual tiene como misión promover estándares internacionales en materia de prevención de la criminalidad y justicia penal, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y mejorar así la calidad de vida para todas las personas.
En esa misma línea, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) comprenden estrategias y medidas que buscan la reducción del riesgo de que ocurran delitos, así como sus efectos dañinos potenciales en los individuos y la sociedad, incluyendo el temor al delito, mediante la intervención para influir en sus múltiples causas.
Las precitadas Directrices se enmarcan en servicios y programas de carácter comunitario con el objetivo de crear oportunidades. Entre estas, el desarrollo de acciones educativas y el establecimiento de centros de desarrollo comunitario, instalaciones y servicios de recreo. La creación de los servicios especiales para brindar alojamiento adecuado a la juventud que no pueda seguir viviendo en sus hogares o que carezca de hogar. Así como, desarrollar programas especiales para los jóvenes toxicómanos.
Para finalizar, es pertinente destacar la alta relevancia de incorporar a la sociedad civil para crear una red social que contribuya en la implementación de la política de prevención de la criminalidad.