El Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) avanza hacia un nuevo tipo de enfoque disciplinar que indudablemente impactarán sobre sus percepciones, evaluaciones, entendimientos y normas una vez que su órgano de control y supervisión, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) recibiera el pasado lunes un nuevo responsable, según lo propuso el Presidente una vez conocida la renuncia del doctor Jesús Feris Iglesias. Referimos una visión econométrico-social, según es de esperar del perfil profesional y ejecutivo del recién instalado Superintendente.
Se trata de un reconocido y aquilatado economista; maestro de prestigiosas instituciones nacionales de educación superior; colaborador de importantes organismos internacionales y autor de monografías en su disciplina. Antes que él, Sisalril fue dirigida, en retrospectiva, por médicos y abogados, disciplinas que impusieron su lenguaje y visiones sobre la entidad.
Hoy el lenguaje que el presidente Abinader instala en Sisalril es uno que le resulta cercano, que él domina, que pronuncia y entiende. Efecto de ello, quizás resulte que la instalación de esta vía, representada por el doctor en economía Miguel Ceara Heatton, propicie eso que, ya instituido como responsable de Sisalril, este profesional declaró entre los objetivos primarios de su gestión: el diálogo abierto y constructivo con los actores del sistema y lo esperado por los afiliados: más calidad en los servicios de salud y más cobertura.
Los actores del sistema, a nuestro humilde modo de ver, podrían estar, entonces, ante una oportunidad singular: dialogar con la Sisalril a partir de enunciados, criterios y paradigmas económicamente verificables que, en el campo del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS), contribuyan al bienestar colectivo sin afectar la sostenibilidad que deriva del equilibrio financiero declarado como principio rector por la Ley 87-01.
Esta visión informada sobre los temas de los diálogos por venir y las soluciones y mejoras priorizadas por alcanzar, podría resultar de ayuda para la construcción de consensos y para facilitar a las recién instaladas autoridades cuantificar los costos y, por consiguiente, la viabilidad de las iniciativas.
Especialmente cuando cada actor del sistema tiene en su mente el SDSS que le es más conveniente y necesario y de sus fondos aspira a obtener la mayor rentabilidad posible.
Por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano (CMD), que como tal no posee voto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aunque participa de las reuniones ampliadas de este órgano, y es el actor más beligerante, podría empezar a replicar, en el ámbito del SDSS, la actitud y conducta científicas propias de los ejercicios de sus diferentes formaciones y especialidades.
Racionales y objetivos a más no poder —pues deben diagnosticar a partir de evidencias sintomáticas y diagnósticas—, los directivos del CMD y de las sociedades especializadas interesados en que las ARS paguen a sus colegiados las consultas, atenciones y procedimientos que suplen a los afiliados a sus distintos regímenes de aseguramiento en salud y riesgos laborales podrían —tal vez y por ejemplo— presentar soluciones a la Sisalril de cómo, económica y financieramente, lograr financiar esto porque, como se sabe, las ARS no pueden asumir como suplidores de servicios de salud a todos los médicos sin incrementar el riesgo de insostenibilidad.
Del mismo modo, los Prestadores de Servicios de Salud que suplen asistencia y atenciones a los afiliados que sufren accidentes en las proximidades a sus instalaciones o ubicaciones, tienen el derecho a recibir la paga que les corresponde de la fuente del asegurado.
Son vacíos de la Ley 8701 que, quizás, puedan encontrar solución mediante resolución informada por la Sisalril al CNSS, o mediante la esperada modificación de la precitada ley.
Las ideas de cómo lograr cosas también son valiosas y pueden contribuir significativamente a mejorar el sistema.
Igual protagonismo informacional, en lo económico y financiero, podrían asumir los actores respecto al Primer Nivel de Atención, cuya estructuración, normalización y puesta en marcha podrían resultar de las precitadas vías. Se trata, pues, de una carencia del sistema que, para revestirlo de total legitimidad, debe ser superada y corregida, mediante resolución del CNSS o un decreto del Presidente, pues ya la ley manda que sea articulado. La otra opción es borrarla de la Ley, con lo cual el SDSS se privaría de ingresos y el crecimiento significativo que propiciarían millones de cápitas provenientes del amplio segmento de los trabajadores y mipymes informales existente en el país.
Si algunos actores no insisten en este primer nivel y hasta lo boicotean es porque su inexistencia les suple “clientes” que no están asegurados, a quienes pueden facturar a “sus precios”.
Indicamos estos ejemplos —similares a los cuales existen otros— para que junto a sus exigencias de soluciones, los dialogantes en las conversaciones intrasistémicas por venir en esta coyuntura de enfoque econométrico de la salud que declaró su orientación a incrementar la calidad de las prestaciones y coberturas a favor de los afiliados y compromiso oficial de revisión de la Ley 8701, procuren ganar tiempo y objetividad, amparando —en datas y realidades verificables e incontrovertibles— sus propuestas de avance hacia el ideal colectivo de un mejor, más solidario, eficiente y conveniente SDSS.
Acompañar las propuestas y reclamo con información pertinente mejoraría las oportunidades de avance hacia la implementación de las aspiradas mejoras, ampliaciones y soluciones en el SDSS.