La crisis venezolana: lo económico y la diplomacia por encargo

El pasado 25 de agosto los EE.UU. y otros 10 países de la región, incluyendo la República Dominicana, hicieron público un comunicado en el que rechazan la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela que favorece a Nicolás Maduro en su disputa con la oposición sobre las elecciones del 28 de julio. Brasil y Colombia emitieron una declaración conjunta en la que señalan la necesidad de “publicación transparente de datos”, no juzgan el fallo del TSJ y manifiestan “su total oposición a la continuada aplicación de sanciones unilaterales como instrumento de presión”. México no se había manifestado al momento de escribir este artículo.

Esta diplomacia por encargo (proxy diplomacy) de parte de los EE.UU. es determinada en lo esencial por las venideras elecciones presidenciales a celebrarse en este país en noviembre próximo. Por un lado, se desea enviar a la población del estado de Florida, donde residen muchos opositores del chavismo y se define un número importante de votos electorales, el mensaje de que la administración demócrata se opone a Maduro y apoya la oposición. Por el otro lado, se trata de evitar que Trump explote a su favor la crisis venezolana.

Sin embargo, como planteamos en nuestro artículo del pasado 13 de agosto, hay pocas posibilidades de que Washington acabe decantándose por utilizar la solución Guaido 2.0 como desea la oposición radical. Como explicamos en el escrito de marras, este esquema de inspiración neoconservadora resultó en un rotundo fracaso. La reedición de esta opción enfrenta dos obstáculos ingentes. Primero la actual coyuntura geopolítica y geoeconómica hacen de Venezuela en estos momentos un país de singular importancia para Occidente (en especial para los EE.UU.) por ende, de aplicarse de nuevo ese tipo de política intervencionista extrema ello puede generar un resultado incluso peor al anterior. Segundo, los intereses de las compañías norteamericanas ya autorizadas para operar en el país.

Dos factores económicos de carácter interno, ignorados usualmente por las agencias noticiosas occidentales, que hacen difícil a la oposición prevalecer contra el gobierno. Nos referimos a la mejora relativa de la economía en los últimos tres años y a la variación de la postura de una porción significativa del empresariado venezolano hacia el gobierno.

En efecto, después de haber perdido 76% del PIB debido a las sanciones entre 2013 y 2021, la economía venezolana creció un 14% en el año 2022, 3% en 2023 y se proyecta que crecerá 8% este año. La inflación se ha desacelerado, pasando de 305% en 2022 a 190% en 2023 alcanzando la acumulada en 2024 un 8.9%. El crédito pasó de US$553 millones en 2022 a US$1,092 en 2023 y se proyecta que sea de US$1,599 al final del 2024. La producción de petróleo fue de 553 millones de barriles diarios en 2022 y se espera que ronde los 900 en el 2024, y el abastecimiento de bienes de consumo básicos ha mejorado significativamente.

Nuevo eje de

poder económico

El uso de sanciones a fin de producir un cambio de régimen asume que, al generar estas malestar económico en la población ella acabará rebelándose. Esta era la intención de las más de 900 sanciones impuestas al gobierno venezolano por los EE.UU. y la UE. Pero resulta que no es solo la población la afectada, también lo es el empresariado y una porción de este último puede acabar oponiéndose a las sanciones si el gobierno es capaz de generar entendimientos con ellos. Así ha ocurrido en Venezuela.

Dos cosas convencieron a una gran porción de la elite económica tradicional venezolana de que le convenía pactar con el gobierno. Por un lado, la implementación a partir del 2018 de una liberalización económica por parte del gobierno que incluyó la eliminación de aranceles sobre varios productos importados, el levantamiento de los controles de precios y cambiarios, y una dolarización de facto de la economía. Por otro lado, el hecho de que estas reformas impulsaron el desarrollo de nuevos grupos empresariales aupados por el gobierno (la llamada “boliburguesia”) considerados como un nuevo eje de poder económico destinado a hacer contrapeso a las élites tradicionales.

Como dijo en 2022 Raul Stolk, director del Caracas Chronicles, “La ciudad ahora está repleta de anuncios del sector privado donde solía colgarse propaganda gubernamental. La oferta de bienes y servicios ya está superando la demanda local”. Las empresas de esta fracción emergente del capital son diversas: líneas aéreas, cadenas de supermercados, constructoras, canales de televisión, enormes emporios agroindustriales, servicios petroleros, productoras de eventos, boutiques de lujo con marcas europeas y norteamericanas, decenas de restaurantes, posadas de lujo en parques nacionales, parques de deportes extremos, canchas de pádel, etc.

Empresariado

tradicional dividido

Es entendible que la élite económica tradicional no permitiría que este tren partiera sin ellos a bordo y el gobierno ha sabido reservarles asientos de lujo en él. Por ejemplo, a Alfredo Cohen, dueño de los centros comerciales Sambil, se le devolvió en 2022 el mall conocido como Sambil La Candelaria, que le había sido expropiado por Hugo Chávez en 2008 antes de su apertura. Aunque el gobierno no ha realizado privatizaciones tradicionales, 48 empresas expropiadas o creadas bajo Chávez han sido entregadas al sector privado en concesiones llamadas alianzas estratégicas.

Un punto de inflexión se produjo en julio de 2021 cuando Delcy Rodriguez, Vicepresidenta y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior asistió por primera vez a la asamblea anual de Fedecámaras, la cámara empresarial venezolana. Algo hasta entonces inconcebible. Fedecámaras además de ser una institución prominente de la oposición, lideró el movimiento contra Chávez en 2002 y su presidente de entonces, Pedro Carmona Estanga, se proclamó presidente por unas horas después del derrocamiento de Chávez y convocó el paro nacional que paralizó la industria petrolera y el sector privado por tres meses entre 2002 y 2003.

Después de esa asamblea de Fedecámaras la cercanía entre el chavismo vía Delcy Rodriguez y el sector del empresariado tradicional conocido como “optimistas anónimos” se ha profundizado. Estos últimos penetran el nuevo entorno económico del país y abogan por una apertura económica del chavismo que deje atrás los fracasos de la oposición política extremista del período 2014-2020. Uno de ellos, Horacio Velutini, se hizo con el control de la Bolsa de Valores de Caracas en enero del 2024, una institución que reinició sus operaciones en 2020 después de 11 años de paralización. Estos grupos de empresarios han hecho una campaña de levantamiento de las sanciones de Washington ya que, según una encuesta de Fedecámaras, 81% de las empresas venezolanas sufren los efectos de las sanciones. En suma, el sector empresarial lleva al chavismo a realizar reformas en el estado y el chavismo aumenta su influencia en los sectores empresariales y financieros.

Adán Celis, actual presidente de Fedecámaras (que llama a Delcy Rodriguez “nuestra queridísima Vicepresidenta”) inició su período con una entrevista en uno de los programas radiales de mayor audiencia del país en la cual, no solo llamó “locos” a los venezolanos favorables a las sanciones, sino que además señaló: “Evidentemente, que se levanten las sanciones. Eso no ha hecho sino empobrecer al país. La idea es que al eliminar esas sanciones podamos tener un comercio más fluido”.

*El autor es economista, diplomático y exrepresentante de República Dominicana en el FMI