En un país que enfrenta uno de los mayores índices de accidentes de tránsito del mundo, la seguridad vial debería ser un tema vital, sin embargo, aquí pasa por debajo de la mesa. Según las cifras que recoge la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), cada año aproximadamente 3,000 personas pierden la vida debido a accidentes de tránsito, situando al país en el quinto lugar a nivel mundial y en el segundo lugar en la región de las Américas en términos de tasas de mortalidad por esta causa. Estas cifras alarmantes, sumadas a las de discapacidad por la misma causa, subrayan la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para mejorar la seguridad vial.
Para ello, se supone que debe existir una respuesta integral a esta problemática, algún plan que proponga acciones concretas para reducir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito en un 50% para el año 2030, en el cual se aborden acciones para mejorar la institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención a víctimas y el acceso a la información.
Alguna institución debería tomar las medidas necesarias para que tanto conductores como peatones comprendan la importancia de seguir las normas de tránsito para garantizar su seguridad y la de los demás, además de exigir una fiscalización más estricta y efectiva para garantizar que las leyes se cumplan.
La cantidad de conductores que salen a la calle con licencia sin haber nunca tomado un guía en sus manos es espeluznante, porque el sistema de otorgamiento de licencias de conducir solo requiere sentarse frente a un juego virtual. ¡Esto debe parar!
Debería implementarse un plan de infraestructura vial enfocado en la seguridad vial, que trabaje en la mejora y mantenimiento de las vías, la correcta señalización y la implementación de medidas de seguridad como barreras y reductores de velocidad que son esenciales para prevenir accidentes.
Por igual, alguien debería encargarse de coordinar los esfuerzos para la atención post-accidente, mejorando la respuesta de emergencia y la atención médica para las víctimas de accidentes, lo cual no solo puede salvar vidas, sino también reducir la gravedad de las lesiones sufridas.
Alguna institución debe asumir el rol de concienciar sobre la seguridad vial, insistiendo en que requiere de la responsabilidad de toda la sociedad. Es crucial que todos los actores involucrados, desde instituciones públicas, empresas, hasta ciudadanos, asuman su rol y trabajen en conjunto para crear un entorno más seguro en las calles y carreteras, subrayando en un enfoque multisectorial y colaborativo para enfrentar este desafío. Y el desorden en la relación políticas de tránsito y motoristas es pre civilización.
En conclusión, atender la seguridad vial en la República Dominicana no es solo una cuestión de reducir estadísticas, sino de salvar vidas. Con un Plan que se implemente de manera efectiva y con la colaboración obligatoria de todos los sectores, es posible lograr un futuro en el que las calles y carreteras sean más seguras para todos. El compromiso con la seguridad vial debe ser firme y constante, asegurando que cada acción tomada hoy contribuya a la protección de los ciudadanos en el mañana.
¿Qué ha pasado con el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial 2021-2030 (PENSV)? ¿El INTRANT ha decidido ignorarlo? Es urgente retomar el Plan, mejorarlo y abordar los aspectos críticos de la seguridad vial, desde la gestión institucional hasta la educación de los ciudadanos sobre las normas de tránsito y eso requiere gerencia y coordinación interagencial.