República Dominicana fue uno de los primeros países que cuestionó las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela. Lo hizo al día siguiente de los comicios, sin tan siquiera haberse contado la totalidad de los sufragios y agotarse los plazos para la proclamación del ganador.
Y fue más lejos, junto a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Paraguay solicitó una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que emitiera una resolución sobre los resultados electorales en esa nación sudamericana.
También el pasado 16 de agosto, luego de la toma de posesión de Luis Abinader para un segundo periodo presidencial, desde el Palacio Nacional de Santo Domingo, se unió a 21 países de América, Europa y África, para reclamar la inmediata publicación de todas las actas originales de las elecciones en Venezuela y la verificación “imparcial e independiente” de los resultados de esos comicios, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro.
República Dominicana lleva la voz cantante en este reclamo en la región, pese a ser uno de los países de Latinoamérica que acumula la mayor cantidad de cuestionamientos y denuncias de fraudes por sus resultados electorales desde su nacimiento como nación.
Desde aquel “trabucazo” del prócer Ramón Matías Mella en la Puerta de la Misericordia, República Dominicana ha vivido constantes períodos de inestabilidad política, prácticas antidemocráticas y crisis electorales.
En la llamada Segunda República, Estados Unidos asumió nuestra deuda externa y ante el riesgo de no poder cobrarla debido a la inestabilidad política, pese a los intentos, primero con un Laudo Arbitral y después con la Convención Dominico-Americana de 1907, decide intervenir militarmente el país en 1916.
Esa intervención trajo la dictadura de Trujillo, con sus farsas electorales que los gobiernos norteamericanos toleraron hasta que los excesos del sátrapa alarmaron a la comunidad internacional.
El gobierno democráticamente electo del profesor Juan Bosch, tras la caída de la dictadura de Trujillo, terminó siete meses después por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y los poderes fácticos del país.
En el periodo de los Doce Años de Balaguer, sus triunfos fueron una combinación del uso del poder y de los fraudes electorales, admitidos después por su eterno delegado político ante la Junta Central Electoral (JCE), Juan Esteban Olivero Félix, quien llegó a confesar que las elecciones se ganaban en las mesas de votación y no fruto del sufragio.
Todos recuerdan que los militares de esos regímenes balagueristas hicieron campaña con paños rojos colocados en las bayonetas de sus fusiles. En el 1966 los mismos poderes fácticos que tumbaron a Bosch impusieron a Joaquín Balaguer, quien se reeligió en 1970 en votaciones cuestionadas y, en 1974, cuando incluso se retiró de la contienda el opositor Acuerdo de Santiago.
En 1978, pese a que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) obtuvo un triunfo arrollador en esas elecciones, el “fantasma del fraude” se hizo presente en la elección de senadores, pero la gravedad de la trampa fue mitigada con el calificativo de “fallo histórico”.
La elección de Salvador Jorge Blanco sin cuestionamientos parecía presagiar el fin de las artimañas electorales, pero en los comicios de 1986 Jacobo Majluta alegó fraude, con “Comisión de Notables” que suplantó al órgano electoral para superar la crisis, y en 1990 le tocó a Juan Bosch, quien hasta una condecoración estatal devolvió indignado contra su opositor Balaguer.
José Francisco Peña Gómez acusó en 1994 a Balaguer de cometer “fraude colosal”, se acortó a dos años al periodo del líder reformista y fue necesario firmar un “Pacto por la democracia” para garantizar las siguientes elecciones que ganó Leonel Fernández, con el apoyo logístico y la experiencia de los reformistas en las mesas electorales.
Hipólito Mejía triunfó en las elecciones del 2000, sin denuncias de fraude electoral, pero en las congresuales del 2002, se puso en evidencia la argucia del “palito”. En actas de votación, por ejemplo, colocaban un número uno delante de un 10 y, por arte de magia, esa cantidad de sufragios se convertía en 110.
En los siguientes comicios ganados por Leonel Fernández y Danilo Medina, el uso abusivo y descarado de los recursos del Estado comenzó a incidir en los resultados electorales, con compra de conciencia, el transfuguismo y la entrega de dádivas a los votantes, desempeño que ha mejorado con honores “Summa cum laude” la actual gestión de gobierno para lograr sus dos triunfos consecutivos en las pasadas elecciones municipales y generales.
A lo largo de la historia dominicana han sido constantes las muertes no esclarecidas en procesos electorales, denuncias de compra de cédulas, uso de los recursos del Estado, compra de opositores y de delegados políticos, alteración de actas de votación y un sinfín de trampas para lograr o conservar el poder.
Con todo ese desafortunado historial electoral, República Dominicana cuestiona a Venezuela, que posee uno de los sistemas de votación electrónica más confiables de la región, y olvidando tan rápidamente que su primer intento de aplicar el voto automatizado terminó en un fiasco con la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 por un “fallo técnico”. De ese fracaso no hay todavía una explicación que merece la ciudadanía, porque solo tuvimos el “bulto verde” en la Plaza de la Bandera para sacar capital político en las elecciones del 2020 a un traspié sin precedentes de la democracia dominicana.
Con ese mismo sistema de votación electrónico inviolable en Venezuela, Hugo Chávez perdió el 2 de diciembre de 2007 el referendo a que sometió su propuesta de reforma constitucional, con apenas 1.4% de diferencia a favor del “No”, y la oposición venció al chavismo en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, aceptando el oficialismo en ambos casos su derrota. No sabemos si, tal y como hizo Chávez, en un ejercicio igual de democracia, en República Dominicana se someterá a un referendo la actual propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader al Congreso Nacional.
¿Cuántas veces en República Dominicana se han presentado actas de votación de elecciones ante quejas de partidos perdedores que alegan fraude? Tantas denuncias de fraudes electorales en el país quizás hubiesen prosperado, si no se sepultaran con una palabra que ya forma parte del argot electoral dominicano: "pataleo".
Con tantas trampas y fraudes acumulados en sus comicios, República Dominicana quiere darle a Venezuela lecciones de democracia y eficiencia electoral, apoyada en la desacreditada OEA de Luis Amargo, perdón Almagro, quien cuando se trata de atentados a la democracia en un gobierno de derecha interviene raudo y veloz, pero si ocurre contra un gobierno de izquierda esconde la mano como la “gatita de María Ramos”, sin haber lanzado tan siquiera por lo menos una insignificante piedrecita para aparentar la imparcialidad que nunca ha tenido.
República Dominicana ha sufrido el injerencismo de dos intervenciones de Estados Unidos, lo que ahora defiende con sus reclamos con respecto a las elecciones en Venezuela y también pidiendo la intervención de la comunidad internacional por la crisis política, social y económica en Haití.
Debería verse en el espejo de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido dejar a los propios venezolanos solucionar sus conflictos, siempre fiel ese país a la doctrina de su fallecido canciller Genaro Estrada Félix, quien defendió el principio de la no intervención en los asuntos internos de otro Estado y el derecho de autodeterminación de los pueblos.
No sé si Nicolás Maduro ganó legal o con fraude las pasadas elecciones en Venezuela, pero eso corresponde determinarlo a ese país, apelando a los recursos que otorga la democracia, sin injerencias del exterior.
En cuanto al gobierno dominicano, meter la cuchara en ese sancocho es pretender convertirse en un policía chiquito del mundo en Latinoamérica, precisamente cuando el presidente Abinader acaba de lesionar la voluntad popular en un pequeño pueblo, con el decreto que nombró ministro de Deportes al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, quien ganó abrumadoramente las elecciones en ese municipio y ahora no podrá representar a sus habitantes.
República Dominicana interviene en los asuntos internos de otras naciones, cuando tiene tantos problemas que resolver en su propio territorio, como el caos en el tránsito, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, los eternos apagones, servicios de salud deficientes, educación en retroceso, deterioro del medio ambiente y pérdida de los empleos de calidad, para solo citar algunos.
Pretende llamar orejón a Venezuela, lanzándole piedras a ese país, cuando la patria que soñó el prócer Juan Pablo Duarte, tiene techo de cristal en materia de democracia y procesos electorales.