Reforma fiscal, Congreso y alta gama

Como todos los videos que generan morbo, el del Ferrari rojo corriendo en la Lincoln –perdiendo el control y estrellándose contra un poste de luz– no podía ser la excepción, por lo que también corrió en las redes no sólo por la torpeza doble del conductor (que ni sabía manejar, ni entiende que todo es público ya), sino por la fascinación que experimenta la gente cuando observa esas situaciones.

El hecho individual es recurrente, y lo que desnuda el choque no es la impunidad con que manejan en las calles los conductores temerarios que hacen ceritos, competencias o aceleres irresponsables -e ilegales-, sino también la vista gorda que hacen las autoridades que bien pudieran monitorear por cámara quién hace qué y dónde, y también multarles… o por lo menos, hacerle caso a los vecinos que viven cerca de las vías donde a diario eso ocurre. Pero la DIGESETT y el INTRANT no se enteran.

Más indignante que el hecho es el contexto legal que lo permite, y mucho más, en el caso del tipo de vehículos que nos ocupan -los denominados de “alta gama”-, que esas situaciones exponen el lado oscuro de un privilegio urticante, injusto y desigual de los cuales se benefician unos pocos (diputados y senadores) en perjuicio de muchos (la sociedad dominicana).

Por si no fuera suficientemente injusto que en materia de placa dos vehículos diferentes de igual año paguen lo mismo en la DGII; a nivel de impuestos de importación, los vehículos de super lujo pueden ser adquiridos utilizando las exoneraciones libres de todo impuesto, carga o gravamen que reciben todos los legisladores para facilitar el ejercicio de sus funciones, y que algunos venden (si, así como suena: venden) a dealers o individuos para que puedan burlar al fisco al momento de importar cualquier vehículo, “sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje”.

El texto de la ley 57-96 es claro, pero su espíritu está desfasado en época y país, porque estamos en un momento donde la sociedad será sometida a sacrificios impositivos importantes. Un momento que exige transparentar cuentas y hablar claro en torno al esquema abusivo y fraudulento que algunos legisladores construyen desde sus curules, al hacer de las exoneraciones que el Estado les provee un vil negocio; un mecanismo para que los ultra ricos vulneren la estructura fiscal del propio Estado.

Este país ya no es el mismo. La composición rural-urbana se ha invertido, la infraestructura vial ha cambiado, y, por demás, los legisladores no necesitan reposiciones vehiculares cada dos años, ni carta abierta en especificidades técnicas y marcas desorbitadas.

Ahora que el gobierno se plantea una reforma fiscal estructural a largo plazo, privilegios irritantes como las exoneraciones deben desaparecer (o regularse con topes), y el que quiera comprar, importar y disfrutar de un vehículo de alta gama que lo haga, pero que pague los impuestos que corresponda… porque es lo justo.