Hace más de una década, la sociedad dominicana se levantó al unísono para reclamar una mayor inversión en el sistema educativo, convencidos de que solo la educación salva los pueblos y que a través de ella, se forman ciudadanos capaces de participar activamente en la vida económica, política y social del país. Sin embargo, como sociedad, no hemos mantenido el mismo reclamo al constatar que la inversión en este sector no ha tenido los resultados esperados, porque ha sido deficiente, inadecuada y mal gestionada, desencadenando una serie de riesgos graves que tienen efectos devastadores a mediano y largo plazo y que genera desigualdad educativa.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de una inversión adecuada en educación pública para promover la equidad y el desarrollo sostenible, destacando que mejorar la eficiencia en la inversión educativa es crucial para impulsar el crecimiento económico y la productividad a largo plazo en la región.

Sin embargo, lo que hemos atestiguado recientemente es que, a pesar de la gran inversión pública en educación, se ha perpetuado en la República Dominicana un sistema de dos velocidades, donde aquellos con mayores recursos pueden acceder a educación de calidad, mientras que los más desfavorecidos quedan atrapados en escuelas deterioradas o inconclusas que requieren inversión oportuna y eficaz y maestros mejor formados y actualizados, y donde hay todavía niños y niñas que no obtienen el cupo oportunamente o se ven precisados a perder el año escolar. Esta desigualdad educativa se traduce en desigualdad económica y social, a pesar de contar con un 4% del PIB para la educación, perpetuando así un ciclo de pobreza y exclusión que condena al subdesarrollo.