Preludio de cosas por decir después de un fallo judicial sintomático

Al escribir esta Reminiscencia advertí su contenido como preludio de lo que deberé de escribir sobre el célebre “Caso Odebrecht”.

En mi blog La Pregunta lo había abordado muchas veces y decidí aguardar el tiempo en que se produjeran sus desenlaces; es un caso que encierra implicaciones de índoles variadísimas y su examen debe hacerse con un trabajo a fondo sobre la totalidad de sus componentes, intrincados por demás.

Por ello, al salir al extranjero en viaje de control de mi salud, dejo lo que había escrito:

No hay razón para asombrarse por el Fallo que acaba de dictar la Suprema Corte de Justicia mediante el cual descargara de toda responsabilidad penal a los ciudadanos Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, en el famoso Caso Odebrecht.

Aunque ha trascendido un sólo motivo de tal absolución, éste basta para explicarse la decisión de la Corte Suprema que se resume en la lacónica afirmación de que “el Ministerio Público no pudo probar su acusación.”

Ahora bien, ¿quién lo había advertido antes, en forma clarividente? La Magistrada Miriam Germán Brito, lo hizo dos veces. La primera, como advertencia al Ministerio Público de que debía profundizar en el mejoramiento de las pruebas, a riesgo de que el caso se pudiera caer; y luego, siendo Presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, emitió su voto disidente en los términos siguientes:

“Por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el ‘yo creo’, ‘me parece’, y en algunos aspectos, una tajante negativa”, dijo. “En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”.

Consideré entonces correcta la admonición que hacía ese ícono de la justicia dominicana, porque ya había escrito otras entregas sobre al tema, con especial énfasis en la cuestión de que las pruebas que se estaban proponiendo tenían una innegable tara que finalmente las aniquilarían, pues eran “pruebas transportadas”, no obtenidas en su fuente de origen, ponderadas allí, sino más bien referencias, y eso era una especie de pecado capital para mantener viable esa acusación.

Yendo más lejos aún, nadie debe asombrarse por el fallo aludido, dado que se dio el caso de que cuando los fiscales le pidieron al Juez de Instrucción la autorización correspondiente para trasladarse a Brasil, precisamente para cubrirse de ese peligro, el juez consintió el trámite vital y una semana después, en nueva audiencia, el Ministerio Público desistió de su petición “por no tener interés ya en lo solicitado.” Quedaba claro que había intervenido alguna orden y no era difícil imaginarse de dónde podría provenir esa orden.

A Danilo Medina, Jefe del Estado entonces, que ha debido ser el personaje central de este juicio desde el principio, no se le debió permitir, al través de su Procuraduría, que pudiera estar interfiriendo en las medidas de instrucción básicas que señalo. Lo correcto hubiese sido la noción del juicio político, el Impeachment, como el gran gesto de seriedad del Estado nuestro.

No fue así, claro está, por razones obvias. Eso desde luego, se agregaba a las aberraciones que se daban en el resto de los procedimientos, que resultaban hasta ridículos, porque el Soborno como eje no se podía sostener sin pruebas concretas, sin aludir al sobornado. El hecho es que se formó un mamotreto, una especie de cortina de humo siniestra y se produjeron extravagancias tales como: que figuraban en Codinomes (alias) los actores fundamentales, mientras se enfilaban los cañones contra aquellos que de un modo u otro podían tener razones válidas para que la presunción de inocencia les amparara.

Lo de Temístocles Montás fue lo más significativo, siendo Ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, no sé si en pijamas, se le privó de libertad. Y días después admitió haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht, pero no dijo más. Pareció que aguardaba que en muy pocos días su caso sería archivado.

¿Por qué ese archivo? Es obvio que algún recado debió enviar de que podía “hablar la verdad y nada más que la verdad”, algo poco menos que imposible.

Lo que se debió hacer era levantar un expediente serio, capaz de imitar el ejemplo de Perú, que ya tiene un expresidente y su esposa condenados a largas penas; otro obligado a renunciar; otro más, enredado en las marañas de la extradición y hasta un triste final de suicidio. Todos ex Presidentes.

Esta Reminiscencia la puedo hacer con propiedad porque padecí directamente una experiencia similar. Pero pienso que el drama político y humano de Lula en Brasil, perseguido y condenado a corta pena por acusación nimia, y ahora gobernando a Brasil porque así lo decidió su pueblo, puede animar a mucha gente de nuestro medio para repensar el edén de Brasil. Por ello al Fallo en cuestión lo considero sintomático de quebrantos mayores. Un nuevo hundimiento institucional. Que Dios nos libre.