Sobre los hombros de Abinader

Como sus antecesores, Luis Abinader juró cumplir y hacer cumplir la ley, con sagrado respeto y obligación, amparar y defender el patrimonio público y, en consecuencia, la riqueza natural de todos los dominicanos. Deber moral y compromiso legal, por tanto, le imponen ser garante intuito persona de todos y cada uno de los actos donde, por cualquier razón o interés, se vean comprometidos o amenazados los bienes de la patria.

La Cordillera Central, vale la pena repetirlo, integra el ecosistema montañoso más importante del Caribe insular (Milcíades Mejía, 2017). Bioma único, especial, con más de 200 km de largo y 100 de ancho, cuyo perímetro total supera los 20 mil km2. Esencial para la vida de esta isla en la cual, por los siglos de los siglos, habitarán incontables generaciones dominicanas.

En dos artículos anteriores abordamos el socavamiento indetenible de nuestras áreas protegidas y cuencas hidrográficas. Más que legítimo, el clamor reivindica la urgente necesidad de frenar el crimen, preludio inminente de un descalabro ambiental de consecuencias impredecibles para el presente y porvenir de esta tierra.

Imponer, sin distinción ni excusas, el espíritu supremo de la ley, junto al auxilio de los más vulnerables, constituye el mandato irrevocable que dimana del texto sustantivo de la nación. Tarea ética que a todos corresponde, misión ineludible que obliga, frente al país, al gobernante de turno.

En un esfuerzo, todavía inconsistente, por encarar la situación, el gobierno dispuso, desde el sábado 20, a través del Ministerio de Ambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental y el Ejército de la República Dominicana, un operativo general que persigue sacar (¿de una vez por todas?) a centenares de viejos y nuevos intrusos de los Parques Nacionales Valle Nuevo y Montaña La Humeadora.

La eliminación de cultivos itinerantes, prácticas agrícolas destructivas, ganadería en pendientes empinadas y otras maniobras que trastocan la vocación conservacionista de los parques, además de amparo legal, cuenta con el favor mayoritario de los dominicanos. De modo que, si obstáculo alguno persiste, pende de la voluntad política que, para la ocasión, encarna el actual mandatario.

Este esfuerzo de preservación debe extenderse a todas las áreas protegidas del país. Finalizando conductas ilícitas de toda índole, causantes de la desforestación, la erosión de suelos y laderas en zonas y cuencas tan frágiles que ya muestran riesgos evidentes de desaparición.

Pero la intervención del Estado resultaría inútil si se atiene a la coacción pura y simple, a la acción de fuerza y la arbitrariedad…Por ello, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas acordó con el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras prioridades, “establecer funciones y responsabilidades compartidas, elaborar acciones mediante procesos participativos, plurales y representativos de ambas partes”.

El plan de trabajo incluye el “Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas”, alternativas que, en favor de la conservación, detengan la barbarie ecológica en marcha y respondan a los factores humanos que, ajenos al objetivo medular del país, desencadenan daños desproporcionados e irreversibles.

Esta fase cuenta con un plan maestro garante, en primer lugar, de una vida digna para los pobladores (donde, dicho sea, quedan muy pocas familias originarias), control total de los territorios protegidos, retirando jornaleros haitianos y dominicanos, pagados por personajes de influencia y poder, que estropean esos bienes naturales colectivos.

Integral y participativa, la fórmula plantea incorporar las familias a tareas de vigilancia y conservación, bajo modalidades de “familias guardianas de los parques nacionales y las áreas protegidas”, haciéndoles pertenecer, con roles remunerados y límites claros, como verdaderos codueños de la riqueza ambiental.

En esa virtud, la creación de la Escuela de Educación Agroecológica, fundada por la Federación de Campesinos hacia el Progreso en Loma de Blanco (Bonao), promueve un modelo de formación ideal para habitantes de zonas montañosas y espacios similares que interactúan dentro del Sistema Nacional Áreas Protegidas (SINAP).

La militarización de los Parques nacionales, tendente a evitar la degradación total de las cuencas hidrográficas, obedece a una necesidad apremiante; la medida empezó en la Sierra de Bahoruco y el Parque nacional Los Haitises y habrá de expandirse, sin retrasos, a otras zonas bajo protección y cuidado.

Sobre los hombros del presidente Abinader cabalga hoy la suerte del patrimonio ambiental del país; de su acción u omisión dependerá la orden de su preservación o desgracia.

Del corazón de la comunidad, fieles organizaciones de lucha, dependerá siempre nuestro fatigado porvenir…